Los abogados del ex primer ministro francés Dominique de Villepin anunciaron hoy que éste va a demandar al presidente Nicolas Sarkozy porque ha cuestionado su presunción de inocencia, al hablar ayer de los "culpables" en el juicio por el escándalo Clearstream.

Los letrados de Villepin explicaron que la demanda por lo civil contra Sarkozy se va a formalizar mañana ante el Tribunal de Gran Instancia de París.

Esta acción legal se produce tras las palabras del jefe del Estado en una entrevista televisada ayer, en la que comentaba el proceso Clearstream, y en particular el hecho de que él mismo sea acusación particular porque su nombre apareció en unos listados falsos de personalidades políticas, industriales y de medios de comunicación a los que se pretendió vincular con el cobro de comisiones ilegales.

Sarkozy, en esa entrevista realizada desde Nueva York, afirmó, refiriéndose a los que se sientan en el banquillo -entre los que figura Villepin- que "al cabo de dos años de investigación, dos jueces independientes estimaron que los culpables debían ser juzgados por un tribunal correccional".

El juicio ante el Tribunal Correccional de París empezó el pasado lunes precisamente con la demanda del ex primer ministro de que los jueces retiraran a Sarkozy su constitución de acusación particular, al entender que en su calidad de jefe del Estado podía ejercer presiones sobre la justicia.

Los hechos juzgados se remontan a comienzos 2004, cuando Villepin -entonces ministro de Exteriores- encargó una investigación a un general de los servicios secretos sobre unos listados de decenas de personas titulares de cuentas en la sociedad de pagos luxemburguesa Clearstream.

Villepin no advirtió a Sarkozy, que también era ministro en ese momento en el Gobierno del presidente Jacques Chirac, de lo que hacía y de que su nombre estaba en los famosos listados, que pronto se demostró que eran falsos y habían sido objeto de una falsificación.

El actual jefe del Estado se querelló cuando todo salió a la luz, con el argumento de que los responsables del escándalo habían intentado manchar su nombre para impedir que pudiera acceder a la presidencia de la República.