La necesidad de otorgar un amparo más efectivo a las víctimas de los accidentes de tráfico justificó la creación de la fiscalía especial dedicada a paliar la situación. Al frente se situó a Bartolomé Vargas (Córdoba, 1950), de quien depende buena parte de la eficacia de las recientes novedades legislativas: la inclusión de los delitos contra la seguridad vial en el Código Penal y la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.

En los últimos años se habla de un cambio de mentalidad en el conductor español, ¿cree que es cierto?

La vitalidad de la sociedad y sus instituciones han iniciado un importante cambio cultural, una nueva conciencia por parte de todos sobre la seguridad vial. Este cambio tiene que ver con el desarrollo de los valores de nuestra democracia. España viene evolucionando en nuevos enfoques en torno al medio ambiente, la violencia de género, la igualdad de sexos Se trata de valores ciudadanos que salen a la luz; ahora se da en el ámbito de la seguridad vial, que todavía debe terminar de consolidarse. A esto hay que sumar la labor de las distintas administraciones, legislando con acierto en la materia, y que se han intensificado las campañas de prevención y sensibilización, con un mayor número de controles de alcoholemia y velocidad.

Este cambio ha propiciado una reducción importante de la siniestralidad, ¿cabe marcha atrás?

Mi opinión es que ya no tiene marcha atrás. La experiencia nos dice que nuestro país y nuestras instituciones, cuando dan un paso adelante en una conquista como esta, ya no dan pasos atrás. La única duda será ver el tamaño de los pasos que se darán hacia adelante. La sociedad civil se implica cada vez más en la reducción de la siniestralidad vial, sobre todo la juventud, que ha tomado como un nuevo ideal el de salvar vidas en la carretera. Se pueden salvar vidas en África, haciendo frente a enfermedades, reparando injusticias Y también en la carretera, con una cultura solidaria de respeto a la ley.

¿Qué le parece la modificación de la Ley de Seguridad Vial, recién aprobada?

El legislador ha buscado un procedimiento sancionador ágil, eficaz, disuasorio y educativo. Se trata de dar mayor relevancia a las sanciones administrativas y que las penales se reserven para los casos más graves. Será beneficiosa, va a funcionar en su aplicación, dará seriedad y prontitud al procedimiento sancionador, que acabará con la sensación de impunidad que había hasta hace poco.

¿Cuál es la situación actual de las víctimas?

La asignatura pendiente es la de incrementar la respuesta económica. Las sillas de ruedas son carísimas; hay una industria ahí que impone unos precios que sobrepasan la ética empresarial. La calidad de vida de la víctima depende del tipo de silla que puedas permitirte. Y como la recuperación depende del dinero, he pedido el aumento del baremo que fija la cuantía de las indemnizaciones, que es de 1995, desproporcionadamente bajo en comparación con el resto de Europa.

Cuando usted ocupó su nuevo despacho se demandaban más penas de cárcel. Ahora, se trata de evitar demasiados encarcelamientos.

Es fundamental recuperar al infractor. De los infractores que han ingresado en prisión, ninguno ha vuelto a reincidir, pero debe ser el ultimísimo recurso. De cada 200.000 sentencias, se impone pena de cárcel en unas 600.

Son los casos que usted denomina 'violencia vial'.

Es la idea del capitalismo salvaje en carretera: el que va marcando un estatus con un coche potente. Mi prepotencia, mi viaje, mi carretera, y miro por encima a los demás. Y va a 150 km/h porque quiere, camino de su muerte o la de quienes se crucen.