El ex tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas, solicitó el martes amparo a la Mesa de la Cámara Alta por haber sufrido 'un intento de allanamiento de morada' por parte de dos personas que se habían identificado como policías nacionales. A su juicio lo sucedido había sido 'una inadmisible forma de intimidación a un miembro de las Cortes Generales' y una 'quiebra del orden constitucional y de las normas de conducta democráticas'.

Ayer el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, aclaró que había sido él quien había ordenado a la Policía ir al domicilio de Bárcenas en el mes de julio. Es decir, que la actuación fue completamente legal.

Bárcenas había asegurado que lo sucedido era una 'represalia' tras una conversación que mantuvo con el Comisario Jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, en la que denunció que sufría una 'persecución judicial y mediática'. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid remitió ayer una nota informativa en la que aclaraba que la acción policial fue solicitada por el Ministerio Fiscal y respondió a gestiones ordenadas por el propio juez, 'quien en todo momento estuvo informado de su realización y resultados'.

Bárcenas denunció los hechos el pasado 27 de julio en un Juzgado de Guardia de Madrid declarando que los agentes querían entrar en su casa para entregarle 'una citación judicial que no existía'.

El portavoz socialista en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Hernando, destacó ayer que al ex responsable de las cuentas conservadoras 'y a su principal defensor, el diputado Federico Trillo, se les debería caer la cara de vergüenza'. Por eso exigió que 'pidan perdón inmediatamente' a los policías a los que acusó porque está claro que 'estaban cumpliendo con su deber'. 'Son ya demasiadas las veces que el PP intenta desprestigiar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para eludir sus responsabilidades', destacó Hernando.

«Falsa denuncia»

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) consideró ayer que Bárcenas era un 'mentiroso' y pidió que dimitiera o fuera apartado de su grupo por el PP. Pero también pidió al portavoz socialista que se 'callara'. Consideran que Hernando usa a la Policía 'para obtener réditos políticos'. El sindicato puso su gabinete jurídico a disposición de los agentes afectados por 'esta falsa denuncia de un presunto corrupto'.