Cuando Roald Amundsen atravesó la Antártida en su aventura hacia el Polo Sur, nadie podía pensar que, casi 100 años después, aquel lejano rincón del mundo se convertiría en un reclamo turístico. Cada año, cerca de 39.000 turistas visitan el continente, acompañados por unos 15.000 trabajadores, como tripulación de barco o guías. Peter Convey, investigador del British Antarctic Survey, alertó la semana pasada en Madrid de los efectos de esas visitas, durante las jornadas de presentación del estudio Los efectos del turismo en la Antártida, promovido por la Fundación Abertis.

El crecimiento del turismo ha sido exponencial en los últimos años, tal y como explica Javier Benayas, vicerrector de Campus y Calidad Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los responsables del estudio. En 2001, la cifra total acumulada ascendía a 200.000, pero sólo entre 2002 y 2009 sumaron 400.000 turistas. Esta actividad se concentra tan sólo en el 0,005% del continente.

Convey llama la atención sobre las especies invasoras que son introducidas de mane-ra inconsciente desde los barcos y, sobre todo, desde las bases de investigación. "Tenemos casi 200 nuevas especies reconocidas y documentadas, pero puede haber muchas más", dice. En algunas islas subantárticas, incluso, existen más especies nuevas que autóctonas.

La llegada de estas especies genera nuevas funciones biológicas y la acción del hombre provoca en la fauna "abandono de nidos, comportamientos alterados, incremento del nivel cardiaco, menor éxito reproductivo o la introducción de nuevos agentes patógenos", destaca Andrés Barbosa, investigador del CSIC.

Por ello, el estudio recomienda cambiar hacia un modelo regulador similar al del Parque Nacional de Galápagos, con "certificaciones para los guías turísticos, inspecciones de incógnito en los barcos turísticos y patrullas de vigilancia marítima", precisa Benayas. Las dos primeras medidas tendrían un coste de 10 euros por turista. Convey llama la atención también sobre el impacto medioambiental que tiene la comunidad investigadora en la Antártida, cuyo número asciende en la actualidad a unas 5.000 personas, repartidos en las diferentes bases, como las españolas Juan Carlos I y Gabriel de Castilla.

La Antártida cuenta con un régimen especial, puesto que no pertenece a ningún país y se rige por el Tratado Ántártico, del que España es miembro consultivo, y las normas de la Asociación Internacional de Operadores Turísticos en la Antártida. Sin embargo, Manuel Catalán, secretario técnico del Comité Polar Español, subraya la necesidad de introducir modificaciones en el Tratado, puesto que "se concibió con el único fin de promover la convivencia investigadora de todos los países y no se previó en ningún momento la llegada del turismo". Catalán destaca la carencia de elementos punitivos en el Tratado que castiguen su incumplimiento y alerta sobre la sucesión de accidentes marítimos que se producen continuamente debido, en gran parte, a que "tan sólo está cartografiado el 3% del territorio oceanográfico recogido en el Tratado". Los rescates, que en muchas ocasiones han de realizar los propios buques de investigación, no sólo suponen la interrupción de la actividad científica, sino importantes costes. Es el caso del rescate del barco turístico con bandera de Bahamas Ocean Nova, que tuvo que realizar el pasado mes de febrero el buque español Hespérides. Catalán señala que se invirtieron 16 días en el rescate, un importante gasto considerando que cada día de investigación cuesta a las arcas españolas cerca de 24.000 euros.