Sin vivienda, pero con una hipoteca a cuestas

Que el banco o la caja se quede con tu piso es un gran descalabro, pero el summun se alcanza cuando, además, te sigue reclamando el pago de la hipoteca. España es uno de los pocos países en Europa donde la ley permite que se mantenga la deuda contraída, en vez de aceptar la dación en pago, como se permite también en Estados Unidos. Muchas personas sufren ahora esta situación desesperada.

Segundo Zapata y su familia son un ejemplo. Firmaron una hipoteca por valor de 263.000 euros con Caja del Mediterráneo. Un año después, llegó la crisis, y Zapata y su hijo, empleados en el sector inmobiliario, se quedaron sin trabajo. Y empezaron a no poder afrontar el pago del crédito.

Las subastas de los pisos comprados antes de la crisis quedan desiertas

El banco no quiso dar una alternativa a la familia y envió el expediente al juzgado. El 11 de enero de 2009, el piso se subastó. Pero no hubo ningún comprador interesado por su elevado precio. El juez dio la potestad al banco para adjudicarse el inmueble por el 50% de la tasación. La otra mitad la sigue debiendo Zapata a la entidad financiera. Además, debe pagar el perito y los costes judiciales, muy elevados. "No sólo no tengo vivienda, sino que me ha quedado una deuda de casi 200.000 euros", afirma Zapata.

A Magin Ximenis lo deshauciaron el día 1. Su piso estaba tasado en 164.000 euros y se ha quedado con una deuda de 38.900 euros. Estefanía, con una hipoteca de 257.000 euros, también se ha visto en la calle. El banco, además de quedarse con su piso, puede incluso ejecutar la casa de sus padres si quiere cobrar el aval, ya que le ofrecieron garantías por 50.000 euros.

La ley lo permite. Los casos se multiplican ahora como consecuencia de las abultadas hipotecas que concedió la banca en los años del boom. Hasta el momento, eran habituales las subastas en las que las viviendas se adjudicaban sin problemas por la cantidad que faltaba por cubrir de la deuda, normalmente no muy elevada. Un piso de 300.000 euros se podía subastar por 60.000. Pero nadie puja por las viviendas adquiridas en plena burbuja inmobiliaria. El comprador sólo ha tenido tiempo de pagar una pequeña parte de los intereses y esa misma vivienda puede salir a subasta por 290.000 euros.

La Ley de Enjuiciamento Civil (LEC) protege a la banca: cuando el precio en la subasta baja hasta el 50% del valor de la deuda, permite a la entidad financiera adjudicarse el piso. El banco, entonces, puede reclamar la otra mitad al ex propietario. "Antes de ejecutar la hipoteca, los bancos intentan llegar a acuerdos con los propietarios. Pero, alcanzado un cupo y si no hay posibilidad de cobro, acostumbran a adjudicárselo", explica la abogada experta en el sector inmobiliario Marta Legarreta.

El trámite judicial suele suponer unos 27.800 para una casa de 300.000 

El problema para los afectados es mayor, ya que, debido a la caída de los precios de la vivienda, el perito designado por el juez valora el piso por una cuantía menor. Además, el ex propietario tiene que asumir los costes de abogado y perito. Los trámites judiciales suelen suponer unos 27.800 euros en el caso de un piso valorado en 300.000 euros. Por eso, la actual deuda de Zapata es mucho mayor del 50% de la hipoteca que se le concedió en su momento.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca nació hace sólo un año en Barcelona y ya cuenta con 700 familias asociadas. Plataformas similares se están creando en otros lugares de España.

Ante el alud de afectados, la organización ha iniciado una campaña para reclamar la reforma de la LEC en el Congreso. Propone que, como en los países europeos, se incorpore la dación en pago, que supone que la entrega de la vivienda a la banca es suficiente para liquidar la deuda contraída, siempre y cuando se trate de la residencia habitual y se demuestre que el deudor no tiene ninguna otra opción para hacer frente a sus obligaciones.

ICV y ERC apoyan esta iniciativa. Los republicanos ya lo plantearon en el pleno monográfico sobre la crisis en el Parlament catalán en febrero. La situación lo requiere: según el Consejo General del Poder Judicial, entre 2008 y 2010 más de 350.000 familias se habrán quedado sin vivienda.