“Pisos de 70 y 80 metros cuadrados entre 108.000 y 120.000 euros”. Esta golosa oferta forma parte de las nuevas promociones del empresario José Moreno, conocido como el Pocero de Fuenlabrada y que el año pasado saltó a la fama con su primera promoción de 402 domicilios económicos en esta localidad madrileña. Ahora pretende ampliar la oferta a otros ocho municipios de la Comunidad de Madrid de tradición obrera: Getafe, Leganés, Móstoles, Alcorcón, Humanes, Griñón, Moraleja de el Medio y Parla, según expuso ayer en el seminario ¿Cómo conseguir una vivienda digna?, organizado por la Plataforma por la Vivienda Digna.

Aunque sólo han contestado a su propuesta los alcaldes de Fuenlabrada, Moraleja de Enmedio y Parla, es optimista: “Me han dicho que tengo muchas posibilidades porque es difícil que aparezcan mejores ofertas”.

Precios asequibles

“Estoy demostrando que es posible hacer viviendas a precios no abusivos”, asegura Moreno, con aire campechano. “Y me da para vivir, eh”. Su secreto: reducir el porcentaje de beneficio del constructor al 3%. “Si no te quieres hacer rico en dos años, puedes hacerlo así. Me parece más noble”. En 2007, cada comprador se ahorró más de 50.000 euros.

Además de atajar los precios de venta, las organizaciones críticas con la actual política de vivienda insisten en el parque de viviendas vacías de España como uno de los principales problemas del sector. En España hay 3 millones de domicilios desocupados, lo que supone un 14% del total. Este índice es muy inferior en otros países, como Reino Unido (3%), Suecia (2%), Holanda (2%), Dinamarca (5%) o Francia (7%).

“Esto hace que la oferta sea mayor y bajen los precios”, explica Nieves Martín, portavoz de la Plataforma para la Vivienda Digna. Según ella, “en España la vivienda libre ya no es rentable y ahora se está trasladando la especulación a la protegida. En vez de tratar la vivienda como un derecho sólo la ven como un negocio”.

Reserva de suelo

Su compañero José Luis Carretero, coordinador del foro, apunta que en la Comunidad de Madrid, el 50% del suelo de nueva construcción debe dedicarse a vivienda protegida, pero las empresas “levantan primero la mitad libre y prolongan la protegida porque les deja menos renta”, critica. Carretero señala al País Vasco como un referente en política de vivienda. La Comunidad Valenciana, Catalunya, Andalucía y, sobre todo, Madrid, las “más irresponsables”.

Miguel Ángel Cancelo, asesor de la Viceconsejería de Vivienda del País Vasco, señala entre sus medidas estrella la lucha contra la especulación con viviendas protegidas. Si se quiere vender, su precio sólo puede subir lo que indique el IPC. “No tiene sentido que alguien se lucre con los impuestos de todos”.

Europa declara la guerra a las viviendas vacías

La ocupación de viviendas está regulada por ley. Cuando el domicilio lleva más de un año deshabitado, cualquier persona puede presentar una propuesta regulada para ocuparla. Sin echar abajo la puerta.

Existe una Agencia Estatal de Vivienda Vacía. Entre las ayudas que ofrece el Gobierno, destacan los incentivos fiscales a la rehabilitación y compra de viviendas vacías y la dedicación de presupuesto público para comprar domicilios desocupados. Cuando el caso es grave, a sus propietarios se les imponen multas por no ocuparlos o se les obliga a vender o alquilar.

El Gobierno sueco tiene la posibilidad de ordenar la demolición de las viviendas vacías, aunque esta medida suele estar limitada a edificios con muchos años de antigüedad.

Para habitar los 2,8 millones de domicilios desocupados que hay en Francia existen ayudas y desgravaciones a la rehabilitación y puesta en alquiler, e incluso alquiler obligatorio (con garantía parcial de cobro). Entre las penalizaciones, Francia tiene una tasa sobre las viviendas vacías en poblaciones grandes con un porcentaje de desocupación superior a la media.

El país germano ofrece subsidios públicos al alquiler. Las penalizaciones van desde la expropiación temporal y alquiler forzoso hasta las demolición de “viviendas inalquilables”.

Cuando un domicilio permanece deshabitado durante más de seis meses, la administración puede multar a su propietario.