La Xunta dice que es legal limitar el acceso a su tarjeta

La Conselleira de Sanidade de la Xunta de Galicia (PP), Pilar Farjas, se escudó ayer en el visto bueno dado por los servicios jurídicos del Gobierno gallego para defender la medida que regirá en la comunidad a partir del 1 de enero y que obliga a llevar empadronado 183 días para poder disponer de tarjeta sanitaria. "La asesoría jurídica de la Xunta es la que tiene que hacer la valoración jurídica de las leyes y órdenes", aseveró la conselleira tras hacer hincapié en que "todas las iniciativas" que lleva a cabo el Ejecutivo autonómico "son legales". Así, dijo, "quedó muy bien demostrado en el debate y la justificación de la ley" que regula el catálogo del medicamento y que el Gobierno central recurrió ante el Tribunal Constitucional.

"La sanidad gallega es pública, universal, gratuita y de calidad y se prestan los servicios de acuerdo con las leyes vigentes y los acuerdos y convenios de atención", afirmó, después de insistir en que la Xunta extremará la lucha contra el fraude. Llama la atención, sin embargo, que el primer organismo que ha dado la voz de alarma por la medida haya sido el Consello Económico y Social, dependiente del propio Gobierno autonómico, al considerar que la medida supone un "alejamiento de la idea de la sanidad como derecho básico y universal".