Estado y Generalitat se enrocan y mantienen sus diferencias en financiación

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, y el conseller de Economía, Antoni Castells, han evidenciado hoy que las diferencias entre ambas administraciones en financiación autonómica se mantienen, ya que el Gobierno cree cumplir el Estatut con su propuesta de bases y la Generalitat no.

El conseller Castells y el secretario de Estado Hacienda, junto a sus respectivos equipos de negociación, se han reunido por espacio de poco más de una hora en Barcelona para intentar aproximar posiciones en la negociación del nuevo sistema de financiación, en el marco de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, organismo bilateral que contempla el nuevo Estatuto catalán.

Mientras Ocaña ha asegurado que la propuesta de bases del Ministerio de Economía "cumple escrupulosamente el Estatut" en contenidos y plazos, el conseller Castells ha mantenido su "decepción" y "preocupación" porque "con estos criterios no se cumple el Estatut".

Asimismo, ambos dirigentes han certificado que el próximo 9 de agosto no habrá un acuerdo, pese a fijar este plazo máximo el nuevo texto autonómico catalán.

Las posiciones están tan enrocadas entre ambos ejecutivos que, aunque han acordado seguir trabajando, ni Ocaña ni Castells han sabido concretar la fecha de la próxima reunión. Castells ha subrayado: "no romperemos puentes" porque "somos un Govern responsable".

En su comparecencia ante los medios de comunicación, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ha reafirmado la validez de la propuesta del Gobierno y ha apuntado que si el plazo del 9 de agosto no se cumplirá es por falta de un acuerdo "entre ambas partes".

"Hemos repasado punto por punto nuestro documento, y hemos querido resaltar desde el Gobierno de España que se adapta perfectamente a la previsiones del Estatut", ha insistido Ocaña, que ha definido de "apuesta valiente" la iniciativa del Estado.

Ocaña ha mantenido así la postura del Gobierno de que el nuevo sistema de financiación garantice la suficiencia financiera de las CCAA, aceptando una nivelación en los servicios públicos fundamentales que dé más recursos en función del incremento de la población "corrigiendo el actual sistema" y bajo criterios de "lealtad institucional".

También se mantiene la cesión de una cesta de impuestos que transferiría a las autonomías el 50% del IRPF y del IVA, así como el 58% de los impuestos especiales, tal y como indica el Estatut, una ley orgánica aprobada en las Cortes españolas con el apoyo del PSOE.

Ocaña ha remarcado que el Gobierno central mantiene la "hoja de ruta" marcada por el ministro Pedro Solbes, de tal forma que la previsión es que haya un acuerdo y que éste pueda ser aplicable el próximo 1 de enero de 2009.

Respecto a la voluntad de la Generalitat de que el Estado transfiera 20.000 millones de euros más a las autonomías para volver a un reparto de recursos entre administraciones como el de 1999 -cuando gobernaba el PP-, Ocaña ha sido rotundo en su rechazo a esta cantidad: "No son las cifras que yo tengo oídas ni de lejos y es la primera vez que llegan a mis oídos".

Por su parte, el conseller Antoni Castells ha asegurado que en la reunión no han habido avances sustanciales, y ha servido sobre todo para que la parte estatal haya reiterado su documento de bases "que ya era perfectamente conocido, y por tanto no hay novedades".

En consecuencia, ha afirmado, el gobierno catalán continúa viendo "decepcionante, insuficiente y preocupante" el modelo propuesto, porque "es demasiado genérico e inconcreto", pero también porque "de su contenido no se desprende que haya voluntad de aplicar el sistema previsto en el Estatut", ni de implantar "un cambio real de modelo".

Castells ha insistido en que no aceptará "un simple cambio aparente o cosmético" del sistema, y ha recordado que el Estatut establece unos criterios determinados sobre mecanismos de nivelación, reforma tributaria, indicadores de necesidades de gasto, principio de lealtad institucional, y restablecimiento de la suficiencia financiera del conjunto de las Comunidades Autónomas".