Público
Público

Zarpan al Índico los primeros atuneros con seguridad privada

Las leyes internacionales amparan el rechazo del Gobierno a embarcar a militares

MIGUEL ÁNGEL MARFULL

Una semana después del secuestro del atunero vasco Alakrana, los propietarios de ocho barcos pesqueros han puesto ya en marcha medidas para repeler los ataques de piratas en el Índico. Y caminan en la dirección señalada por el Gobierno. El Ministerio de Defensa instó a los dueños de los buques españoles que faenen en la zona a que aumenten su protección con seguridad privada dotada de armamento de largo alcance vetado hasta ahora a las compañías privadas. El Ejecutivo ya ha descartado la presencia de militares a bordo.

Han sido pues ocho buques vascos los que se han dispuesto a embarcar seguridad privada. Todos operan con bandera de las Seychelles, ya que los que salen a la mar con pabellón español hallan más problemas para contratar mercenarios. Cuatro zarparon entre ayer y anteayer, informa Vasco Press. Son el atunero-congelador Artza y los barcos Intertuna I, Intertuna II y Demiku. Este último es de Echebastar Fleet, la empresa del Alakrana.

Finalmente serán ocho los barcos que dispondrán de mercenarios a bordo

Sin embargo, la patronal que agrupa a los propietarios de los atuneros, así como el PNV y el PP, defienden que el Gobierno embarque a infantes de marina, medida que el Ejecutivo y los propios militares rechazan por dos razones: ni es posible legalmente, ni resulta factible desde el punto de vista operativo.

'La Ley de Defensa Nacional no prevé ese caso, pero la legislación internacional tampoco', explica a Público una fuente autorizada del departamento que dirige Carme Chacón. El análisis de las leyes que regulan la actividad pesquera en aguas internacionales que es donde operan los atuneros españoles que trabajan en el Índico corrobora este argumento.

La Ley de Pesca Marítima delimita cuatro tipos de áreas para su práctica: sometidas a soberanía española, bajo jurisdicción de otros estados de la UE, reguladas por terceros países y, finalmente, aguas de alta mar internacionales, escenario en el que desarrollan su trabajo los pesqueros amenazados por las mafias del abordaje asentadas en Somalia, un país sin un Gobierno central efectivo. En este último caso, la legislación establece que los barcos que trabajan en aguas internacionales están sujetos 'a lo establecido en el Derecho Internacional y las normas aplicables en virtud de tratados, acuerdos o convenios internacionales'. ¿Cuál es?

Sólo los buques de guerra pueden apresar piratas, precisa la ONU

Su regulación se recoge en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho en el Mar la Convención de Jamaica , suscrita en Nueva York en abril de 1982 por 117 países y que es conocida como la Constitución de los océanos.

Su articulado excluye de forma expresa que un barco civil como un pesquero pueda relevar a los buques de la Armada en la represión de la piratería: 'Sólo los buques de guerra o las aeronaves militares (...) que lleven signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al servicio de un Gobierno y estén autorizados a tal fin podrán llevar a cabo apresamientos por causa de la piratería'.

El estatus de un buque de guerra en alta mar es similar al de una embajada en el exterior. Se considera territorio nacional y goza de 'completa inmunidad de jurisdicción respecto a cualquier Estado que no sea el de su pabellón'. Un barco civil, sin embargo, no disfruta de esta condición. A bordo se aplica la legislación vigente en el país propietario del buque, pero no son un territorio jurídicamente inviolable. Los piratas no asaltan, por tanto, en su abordaje suelo español.

En este escenario legal se desarrolla el trabajo de atuneros como el Alakrana secuestrado el 2 de octubre con 36 tripulantes a bordo, entre ellos 16 españoles. El entramado normativo se contradice con la presencia de militares a bordo y abre un largo catálogo de preguntas para las que los defensores de esta medida no aportan una respuesta clara el PP desatendió la invitación de este diario para hacerlo.

'Las leyes pueden cambiarse', recordó el senador del PNV Iñaki Anasagasti a Elena Espinosa, ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, cuando esta rechazó el embarque de infantes de marina en los atuneros. 'Sí pueden cambiarse replica Defensa, pero la legislación internacional no puede modificarse a la velocidad de la amenaza'. La Convención de Jamaica, por ejemplo, tardó en redactarse nueve años.

Las dudas que plantea destacar militares en los pesqueros son también de carácter operativo. 'En un barco civil, el jefe es el capitán. ¿Quién daría a los militares la orden de disparar en un ataque pirata?, ¿el patrón?, ¿un civil sin adiestramiento militar?, ¿qué responsabilidades se generarían? inquiere un asesor del Ministerio. No tendrían cobertura legal y estarían aislados de su unidad'. 'En los ejércitos, la especialización es clave. Cada efectivo forma parte de una unidad que sumadas forman un todo operativo', explica la misma fuente. Por eso, Defensa cree que la presencia de media docena de infantes de marina en cada pesquero, aislados unos de otros a cientos de millas, restaría operatividad al conjunto de tareas que compone una unidad militar.

El PP, el PNV y los armadores contraponen siempre el ejemplo de Francia, que ha colocado a bordo efectivos militares. 'Históricamente, ese océano son casi sus aguas, por su interés geoestratégico en la zona explica Defensa. Además, Francia dispone allí de su mayor base militar en el extranjero, en Yibuti [Estado que limita con Somalia]'. Un total de 3.000 efectivos componen ese contingente francés. 'Son tantos como los soldados que España tiene desplegados en misión de paz en todo el mundo', señalan en el departamento de Chacón.

Precisamente el viernes militares franceses a bordo de atuneros galos abrieron fuego contra piratas somalíes. Era la primera vez que ocurría.

¿Te ha resultado interesante esta noticia?

Más noticias