Los 93 que no quieren aparecer en Google

Internet no olvida. Un subdirector de un colegio puede no recordar que unos años antes fue multado por orinar en la calle, pero la sanción en un boletín oficial será lo primero que encuentren sus alumnos cuando tecleen su nombre en Google. Este es uno de los 93 casos en los que la Agencia Española de Protección de Datos ha pedido al buscador que elimine informaciones de usuarios. Cinco de estas resoluciones, las primeras recurridas por Google, llegan mañana a la Audiencia Nacional.

Cinco magistrados escucharán los argumentos de las dos partes. Entre los que no quieren salir en Google, hay un funcionario de prisiones que apareció en el Boletín Oficial del Estado en 1996 y 1998 por una sanción disciplinaria y teme que sus datos personales sean obtenidos por terroristas de ETA con una simple búsqueda en internet. En otro caso, el diario El País informó en 1991 de una imprudencia temeraria presuntamente cometida por un ciudadano, que fue absuelto en 1993. El periódico no tiene que retirar la noticia de su hemeroteca, porque se ampara en la libertad de información veraz, pero la agencia pide a Google que no incluya este suceso en sus búsquedas para evitar "la difusión masiva de información personal".

Un carcelero teme que ETA busque sus datos para atentar contra él

Más de la mitad de las 93 resoluciones del organismo de protección de datos tienen que ver con páginas web que no pueden borrar datos "por existir un amparo legal o un conflicto con otro derecho fundamental", como los boletines oficiales y los medios de comunicación, según la agencia. Como solución, se exige a Google que no informe de que esta información existe.

El buscador no acepta. "Las acciones de la Agencia Española de Protección de Datos nos han decepcionado", ha lamentado en un comunicado el director de relaciones externas de la compañía, Peter Barron, que subraya que las leyes europea y española sostienen que quien publica contenidos es el responsable de los mismos.

"Exigir a intermediarios, como los motores de búsquedas, que censuren material publicado por otros tendría un espeluznante y profundo efecto en la libertad de expresión sin proteger la privacidad de la gente", opina Barron. Google España, además, alega que los servicios de buscador los presta su matriz desde EEUU, por lo que cree que no está obligada a aplicar la legislación europea de protección de datos. La agencia recuerda que son casos "justificados" y también pide a los responsables de las webs que impidan que los buscadores detecten estos datos sensibles.