Desde el mirador de la Granatilla se puede ver, al oeste, la sierra Cabrera y, al este, un mansísimo mar Mediterráneo. Es el límite norte del parque natural de cabo de Gata-Níjar. En el centro está la playa de El Algarrobico (Carboneras, Almería) donde sólo hay tres casas bajas encaladas de blanco. Pero eso es lo que se ve en una fotografía tomada en 2002 y que sirve de guía a los turistas que se paran a contemplar el paisaje. Si se alza la vista de esa imagen fijada en el pasado, se contempla una enorme mole tan alta como las montañas. Es el hotel que ayer ocuparon los ecologistas de Greenpeace para arrancar a las administraciones un compromiso sobre su derribo.

'Nos quedaremos hasta que haya un compromiso por escrito', dice la responsable de la campaña de costas de Greenpeace, Pilar Marcos, a los pies del hotel Azata del Sol construido al 90% y paralizado por la Justicia. Dentro están una docena de sus compañeros. 'Alguien tenía que quedarse fuera a contarlo y ahora no me van a dejar entrar', añade, en referencia a los agentes de la Guardia Civil que se acercan para identificar a esta bióloga madrileña.

'Queremos una hoja de ruta firmada por las dos administraciones'

En la sexta planta de este edificio de 21 se adivinan las cabezas de los activistas. Entraron al amanecer. Aunque el sitio está vigilado, no tuvieron mayores problemas con el guardia de seguridad. Allí han colocado su nueva delegación bajo un enorme cartel con la leyenda '¿A qué esperan?'. Como no tienen ni agua ni luz y la cobertura telefónica es nula, han instalado unas placas solares para alimentar su infraestructura. Que estén en esa planta no es algo fortuito. En esta operación, preparada con minuciosidad durante varios meses, se han cuidado todos los detalles. 'Hay ya dos sentencias que mantienen que esta parte del hotel está en la zona de servidumbre del dominio público marítimo-terrestre', recuerda Marcos. Es decir, que es de todos. Hay zonas, como la valla que circunda el hotel, que están a 14 metros de la playa.

Los activistas de Greenpeace, que, junto a Ecologistas en Acción y Salvemos Mojácar, han convocado una concentración frente al hotel para mañana por la tarde, sostienen que el Gobierno puede pedir ya la ejecución de la sentencia que un juzgado de Almería dictó en 2008 y que declaraba ilegal y nula la licencia de obras. 'Queremos una hoja de ruta firmada por las dos administraciones donde se comprometan al derribo', reitera la portavoz ecologista. Hasta ahora, tanto el Gobierno central como el autonómico han preferido que se aclare el embrollo judicial (más de una veintena de procedimientos) antes de tomar alguna acción concreta.

'Estamos en un Estado de derecho y no podemos saltarnos esas reglas', dijo ayer el consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo. Pero también señaló que la Junta de Andalucía tiene una 'posición clarísima' sobre el hotel y lo considera un proyecto 'insostenible' desde el punto de vista medioambiental, informa Efe. El Gobierno central opina de forma similar al autonómico. 'El Algarrobico es un ejemplo de lo que nunca debe volver a pasar en nuestro litoral. Es un proyecto inviable que será derribado', explican fuentes del Ministerio de Medio Ambiente. Sin embargo, también recuerdan que hay que respetar las competencias de cada Administración y los procedimientos judiciales. El Ministerio insiste en su disposición a la demolición cuando quede anulada la licencia municipal.

La promotora ha denunciado a Greenpeace por allanamiento

Una fecha clave para este asunto es el 21 de septiembre. Para entonces se prevé que el Tribunal Supremo decida sobre uno de los procedimientos judiciales. 'Si la Junta de Andalucía tiene algo de decoro, debería actuar antes de que el Supremo les sonroje', comenta la portavoz ecologista. Para Greenpeace, primero hay que derribar el hotel y, si la promotora pide compensaciones, que acuda a los jueces.

Precisamente, la promotora del hotel, Azata, ha denunciado la acción de los ecologistas por considerarla un allanamiento de morada. Al mismo tiempo, se ha mostrado preocupada por la seguridad de los activistas, al considerar que la construcción no reúne unas condiciones mínimas de habitabilidad, informa Teleprensa. 'Azata sigue creyendo que este hotel es suyo cuando es propiedad es de todos', replica Marcos.