¿Qué ocurriría si una empresa privada decidiera no seguir desarrollando el software que almacena los datos de millones de españoles en la Administración pública? Esta se vería atada a un software obsoleto, sin posibilidad de integrar nuevas funciones. Y no sería una resolución tomada por la Administración. "Un proveedor de software, probablemente de otro país, habría decidido por ella que tiene que cambiar su planteamiento informático". Lo explica Miguel Jaque, director de Cenatic , una fundación estatal que tiene como misión potenciar el conocimiento y el uso del software libre.

Esta entidad presenta en las jornadas Tecnimap un decálogo con los beneficios de utilizar software abierto en la Administración. Mientras que las compañías que realizan software propietario o cerrado no aceptan que se acceda ni manipule el código que permite su funcionamiento (si ellas dejan de fabricarlo, la inversión realizada se pierde), el software libre o de fuentes abiertas potencia que se mejore el programa y ofrece todas las claves para ello.

El ahorro de costes, la independencia en la toma de decisiones y el fomento de la creación de empresas locales dedicadas a las tecnologías de la información son los tres pilares sobre los que se asienta el decálogo de Cenatic. El pasado febrero entró en vigor el Real Decreto que obliga a las administraciones a usar estándares abiertos. En el caso de que no exista una opción libre, se aceptará el uso de software propietario, pero la Administración está obligada a promover el desarrollo de una alternativa. Jaque está convencido de que la transición del software propietario al libre en las administraciones públicas se producirá más allá de leyes. "Tenderán a la utilización de fuentes abiertas por ahorro de costes y eficiencia", dice.

El director de Cenatic añade un factor económico que atañe a las empresas tecnológicas, que pueden crear y transformar aplicaciones con facilidad cuando la base del sistema está realizada con código abierto. "Al conocer cómo funciona, cualquier empresa puede conectar los programas con sus servicios", explica. De hecho, uno de los puntos del decálogo incluye la cooperación entre administraciones, universidades, empresas y centros de I+D+i.

Jaque pone un ejemplo del tipo de problemas que puede acarrear una elección inadecuada del software en la Administración: "Hace años, la Seguridad Social invirtió en un sistema de almacenamiento de datos. Cuando hubo que renovar el software tras cinco años, ya no había programas que le hicieran la competencia, había que renovar con la misma empresa". En este tipo de situaciones, la compañía puede jugar un papel de monopolio temporal, imponiendo tanto los tiempos como los costes del servicio. "Las empresas evolucionan por competencia. Cuando no la hay, no necesitan optimizar sus programas para obtener beneficios por ellos".

Jaque, además de hacer hincapié en el ahorro con el uso de estándares abiertos, también explica que, en este tipo de situaciones, la Administración "ha perdido la capacidad de desarrollar un sector, de liberar sus propias tecnologías y de tener independencia".