A tres meses de que los españoles acudan a las urnas para votar o botar a los políticos de sus municipios, la culpa de la contaminación que cubre las grandes ciudades no es de nadie. Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos y fabricantes de vehículos se enzarzaron ayer en un cruce de declaraciones para escurrir el bulto. El primero en señalar con el dedo fue el alcalde de Madrid, el conservador Alberto Ruiz-Gallardón, que ha encontrado el culpable de la contaminación que sufren los madrileños: el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El regidor de la capital de España aseguró a la Cadena SER que "quien está estableciendo una política fiscal que favorece el vehículo contaminante es el Gobierno de España".

"Hay que pedir al Gobierno que explique por qué financia los vehículos diésel", espetó el edil, antes de asegurar que Madrid es "la ciudad que más ha mejorado el medio ambiente en los últimos diez años". El portavoz de Medio Ambiente del PP en el Congreso, Carlos Floriano, también cargó contra "el cinismo político" de la ministra Rosa Aguilar por "no asumir las responsabilidades que tiene como Gobierno y exigirla a otras administraciones". En un comunicado, Floriano criticó la ausencia de una Ley de Energías Renovables, la falta de una Ley de Movilidad Sostenible y "el tratamiento del impuesto de matriculación, que favorece claramente la adquisición de vehículos que elevan los niveles de contaminación de nuestras ciudades".

La acusación ha encendido a los fabricantes de automóviles. La patronal ANFAC intentó desmontar ayer la acusación del PP. En 2008, el Gobierno aprobó una reforma que exime del pago del impuesto de matriculación a los coches menos contaminantes, pero sólo se tuvo en cuenta al dióxido de carbono, el famoso CO2 responsable del calentamiento global. El Ejecutivo no consideró entonces los contaminantes tóxicos que salen del tubo de escape de los coches, sobre todo de los diésel, y que hoy emponzoñan el aire de Madrid y Barcelona debido a la falta de viento y de lluvias: las partículas en suspensión y el dióxido de nitrógeno. Como los coches de gasolina emiten más CO2, el resultado fue un incentivo fiscal para comprar diésel. Y el Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos también favorece al gasóleo. Consecuencia: en 2010, el 70% de los vehículos comprados empleaba diésel y sólo el 30%, gasolina. Fuentes del Ministerio de Economía confirman que desincentivar fiscalmente la compra de coches más contaminantes respecto a las partículas y los óxidos de nitrógeno "no está sobre la mesa".

"El problema no es de estos coches nuevos, sino de los que ya estaban en las carreteras", opina un portavoz de ANFAC. "El 20% de los 22 millones de turismos que hay en España emiten el 80% de la contaminación", añade. La industria asegura que la instalación de filtros y la mejora de los motores, obligados por la UE, ha reducido la emisión de partículas y óxidos de nitrógeno más de un 98%. Sin embargo, los filtros sólo se empezaron a generalizar a partir de 2008. El atolladero está en los millones de viejos coches diésel que recorren las ciudades sin control. Un argumentario de la patronal parece redactado para rebatir a Ruiz-Gallardón: "El foco no hay que ponerlo en la industria del automóvil, sino en otros aspectos como la gestión del tráfico, las infraestructuras de las ciudades [...]".

El regidor madrileño se ha escudado en el desempleo para esperar a que la lluvia se lleve la polución. "Tenemos muchos, miles de parados en nuestra ciudad y en nuestro país. Es el momento de que aquellos que dicen que se apliquen medidas radicales" contra la contaminación piensen "en cuántas personas perderían mañana su puesto de trabajo". La recomendación de dejar el coche en casa promovida por el Ayuntamiento de Madrid continuó ayer con un 0% de seguimiento.

La delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, aseguró ayer en la cadena Cope que la capital está "lejísimos" de una alerta por contaminación, según recogió Europa Press. A su juicio, "nunca se va a producir". El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, acusó el 28 de enero al Ayuntamiento de "maquillar" la contaminación cambiando las estaciones de medición a zonas verdes. "La gente está deprimida por el paro. Eso asfixia más", concluyó Botella.

"El discurso de Gallardón es una milonga para esperar que venga el viento", resumió ayer el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Segura. Su ONG reclama a los Ayuntamientos "medidas valientes" en los días de mayor contaminación, como prohibir el paso a los vehículos diésel o a los de más de diez años.

Ecologistas en Acción, sin embargo, no indulta al Gobierno central, que prometió una Ley de Movilidad Sostenible que hoy está bloqueada y lleva retraso a la hora de aprobar un Plan Nacional de Mejora de la Calidad del Aire. Ayer, el Ministerio de Medio Ambiente anunció que ya tiene un borrador que pulirá en una reunión "muy pronto", en febrero, con los consejeros de las Comunidades Autónomas.

La ministra Rosa Aguilar se reúne hoy con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, para coordinar una respuesta contra la contaminación. Aguilar cargó ayer contra el Ayuntamiento de Barcelona, regido por el socialista Jordi Hereu, por anunciar la supresión de la reducción de la velocidad a 80 kilómetros por hora. La eliminación es "un paso atrás" que "agrava" la contaminación en Barcelona, según la ministra.