Los países reunidos en Jersey (Reino Unido) con motivo de la convención anual de la Comisión Ballenera Internacional (CBI) han acordado tomar medidas para asegurar una mayor transparencia en su financiación y en su funcionamiento interno.

Los 89 países pertenecientes a la comisión han decidido que, a partir de este mismo año, las cuotas de pertenencia serán abonadas mediante transferencia bancaria, en lugar de hacerse en efectivo, tal y como sucedía hasta ahora. La medida, impulsada por el país anfitrión, ha sido aceptada por la mayoría de los miembros y permitirá "la modernización de la CBI, para que funcione como otras importantes organizaciones internacionales", según ha afirmado el ministro de Medio Ambiente británico, Richard Benyon.

Esta decisión, incluida en un paquete de disposiciones orientadas a mejorar el funcionamiento interno de la comisión, incluirá la realización de auditorías de seguimiento, lo que, según la propia organización, también mejorará la imagen de la CBI.

Esta afirmación no es baladí, ya que la credibilidad de este organismo ha sido puesta en duda en varias ocasiones, tras las acusaciones de agrupaciones ecologistas y de algunos comisarios de que varios países estaban comprando votos.

Para Luis Suárez, responsable del programa de biodiversidad de WWF en España, "el escándalo que se destapó el año pasado había dejado la imagen de la comisión enfangada". Suárez reconoce que las medidas tomadas dan algo de "esperanza y suponen un paso adelante". En este mismo sentido, WendyElliot, representante de WWF en la CBI, aseguró que, "pese a que apenas se ha hablado de ballenas, hoy ha sido un gran día para ellas".

Sin embargo, el optimismo de las ONG se ha visto truncado tras no llegarse a un acuerdo en torno a un posible aumento del tiempo del que estas disponen para hablar ante los comisarios.

Precisamente a la hora de abordar esta cuestión es cuando se han mostrado fisuras entre los países miembros de la Unión Europea, sin representación dentro de la comisión. Pese al intento de varios países, entre ellos España, de formar un bloque común, la posibilidad de ampliar el tiempo de intervención de las ONG, que actual-mente es de 30 minutos, se ha encontrado con la firme oposición de Dinamarca.

Aunque los daneses no disponen de la industria ballenera de Noruega e Islandia, países que han incumplido las moratorias de caza en varias ocasiones, tienen bajo su protección a las Islas Feroe, donde se cazan ballenas sin la regulación de la CBI. Circunstancia que aleja a los daneses de las posiciones conservacionistas del resto de la UE.

La posición de Dinamarca respecto a las ONG ha sido contundente. El comisario danés, Ole Samsing, ha acusado a estas organizaciones de "fanáticos e irresponsables", en referencia a las actuaciones del grupo ecologista Sea Shepherd Conservation Society, que intenta impedir la actividad de los balleneros en alta mar.

Aunque esta organización no está presente en la CBI, Samsing ha insistido en que cualquier ONG "representa un punto de vista radical" y que, por tanto, "su presencia en la comisión debe ser restringida".