Las advertencias de los ecologistas sobre el peligro de las minas de Aznalcóllar (Sevilla) no lograron frenar un proyecto que terminó cuajando y derramando millones de metros cúbicos de metales pesados y lodos contaminados a las puertas de Doñana, en 1998. "La contaminación que sufren los ríos Agrio y Guadiamar, aparte de ser evidente, si no se clausuran las presas, corre el riesgo de provocar un desastre natural de incalculables consecuencias, ya que el Guadiamar es uno de los afluentes que atraviesa el Parque Nacional de Doñana", avisó el ingeniero de minas Aguilar Campos en 1995, como ocurrió después.

La Junta de Andalucía financió las labores de restauración y todavía hoy, 13 años después de uno de los mayores desastres ecológicos de Europa, sigue sin cobrar un euro de los 89,9 millones que reclamó a Boliden, la empresa contaminante. En las dos últimas semanas, el Tribunal Supremo ha dictado dos resoluciones que no sólo siguen librando a la empresa de pagar sino que condenan a la Administración a sufragar, entre ambos fallos, 7.000 euros de costas.

El Supremo anula el acuerdo por el que la Junta le reclamó casi 90 millones

Según el Supremo, la Junta se equivocó al pedir el dinero mediante un acuerdo en Consejo de Gobierno debido a que carece en este caso de competencias de "autotutela". Además, considera que la Ley de Minas en la que se basó no le autoriza a pedir el reintegro porque "no existe precepto legal" que le habilite para exigir "la reparación de unos daños amparados en un título de derecho privado".

Ayer mismo, tras una denuncia de Ecologistas en Acción por vertidos procedentes de las antiguas balsas de Aznalcóllar, el juez de Primera Instancia e Instrucción 1 de Sanlúcar La Mayor (Sevilla) tomó declaración, como imputados, al director de la empresa pública Egmasa y a dos funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente por la presunta comisión de un delito de vertidos y de establecimiento de productos tóxicos al Arroyo Los Frailes, cuyas aguas desembocan en el Guadiamar, el río arrasado hace 13 años.

Los ecologistas opinan que la Junta no ha aprendido de los errores

A sólo diez kilómetros de aquella tragedia, en Gerena (Sevilla), la Junta tiene ahora sobre la mesa otra mina en cuestión. Cobre Las Cruces, de Inmet Mining, ha sido expedientada en multitud de ocasiones y está actualmente en los tribunales acusada por la Fiscalía de contaminar un acuífero. Los ecologistas consideran que la Administración continúa sin aprender de los errores del pasado.