Las temperaturas cálidas, la humedad y la radiación solar son los tres factores que más benefician a los bosques de España que, en 2005, se posicionó como el tercer país de la UE en superficie forestal arbolada, con casi 18 millones de hectáreas, según un informe del Congreso Forestal Español. Esta cifra supone casi el 40% del territorio nacional, pero, a pesar de ello, España está lejos de la media europea en lo referente a aspectos como la administración sostenible y la productividad.

Para la óptima gestión de un bosque y sus recursos, la producción de madera puede adherirse a algún sistema de certificación que garantice que su explotación se ha ejecutado de forma sostenible. Según datos del Programa de Certificación Forestal (PEFC, por sus siglas en inglés), que otorga un distintivo del mismo nombre, sólo el 6,8% de los bosques españoles posee este título, lo que los sitúa los séptimos por la cola en el conjunto de la UE, donde la media de extensión forestal con esta certificación es del 52%. El mejor ejemplo de una buena gestión ambiental es Finlandia, que posee certificación en el 92,5% de su superficie arbolada, seguida de Polonia con un 76% y de Eslovaquia con un 72,3%.

Aparte del sistema de certificación PEFC, que es el más extendido, algunas organizaciones ecologistas, como WWF y Greenpeace, han desarrollado su propio distintivo: el FSC, cuyo nombre proviene de las siglas inglesas del Consejo de Administración Forestal.

La adhesión a cualquiera de estos sellos se hace de forma voluntaria por parte del propietario de un bosque, por lo que la única garantía de que los bosques de un país se gestionen de forma sostenible la establecen las leyes. En España "estas competencias están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que los requisitos varían mucho de una región a otra", explica a Público la catedrática de Ingeniería Forestal de la Universidad Politécnica de Madrid Inés González. En contraste, Finlandia posee una ley que impide la destrucción del bosque desde 1886.

A falta de exigencias legales para la sostenibilidad del bosque, el único elemento de presión es un mercado que generalice la compra exclusiva de madera certificada. No obstante, España carece de un sistema de este tipo, ya que "la producción de madera no es un buen negocio", asegura González. "El precio de este producto ha caído, mientras que la mano de obra ha subido mucho", añade. La catedrática opina que el negocio forestal "ha sido el gran abandonado, frente a otros usos del suelo, como la agricultura o la ganadería, que reciben grandes subvenciones".

Otro de los grandes problemas del sistema forestal español estriba en su parcelación. Cada propietario privado posee una media de 3,2 hectáreas de bosque, frente a los países nórdicos, donde esta cifra es unas diez veces superior. El pequeño tamaño de estas parcelas provoca que a los propietarios no les compense certificar su madera, ya que el proceso de obtención del título supone un sobrecoste. "Si no se estimula que los propietarios privados certifiquen su madera y desarrollen otros usos para el bosque, como el recreativo y la recogida de setas, se tiende al abandono y a la destrucción", advierte González.

Los últimos datos del Ministerio de Medio Ambiente reflejan que en 2007 la producción maderera en España fue de casi 13 millones de metros cúbicos, mientras en Suecia y Finlandia esta cifra ronda los 70 millones de metros cúbicos. Este último país goza además de un incremento anual de madera disponible de unos 100 millones de metros cúbicos, gracias a sus bosques de crecimiento continuo. La ley finlandesa obliga a mantener en pie "el 40% del crecimiento anual para regenerar el bosque de forma natural a partir de sus semillas", explica la portavoz de la empresa Stora Enso, Merja Simonen.

Esta compañía de origen sueco es uno de los principales productores de madera y papel del mundo, y casi el 70% de su materia prima posee alguna certificación ambiental. La empresa trabaja con unos 30 millones de metros cúbicos de madera al año, de los que más del 67% procede de Suecia y Finlandia. El resto se reparte entre Rusia, Brasil y otros países europeos, pero no España.