La Comisión Europea denunció este jueves al Gobierno español por no aplicar la directiva europea de depuración de aguas residuales urbanas. Según el Ejecutivo comunitario, al menos 39 localidades de más de 10.000 habitantes vierten sus aguas a zonas sensibles que dañan el medio ambiente. La denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, supone el final de un tira y afloja dilatado en el tiempo entre Bruselas y el Gobierno, que en los últimos años trataron de evitar la judicialización del caso.

La directiva en cuestión obligaba a todos los pueblos y ciudades a poner en marcha un sistema de depuración de aguas residuales, una medida considerada imprescindible para evitar vertidos tóxicos y daños medioambientales. El plazo para cumplirla acababa en 1998, pero el Gobierno, interlocutor único de las instituciones europeas en este campo, no ha obligado a las autoridades locales a hacerlo durante 13 años. "España no garantiza el tratamiento correcto de las aguas residuales", aseguró el comunicado del comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik. Bruselas evitó identificar las localidades, pero advirtió de que "representan un riesgo para la salud humana, las aguas continentales y el medio marino" por las bacterias y componentes agresivos con el medio ambiente. En un comunicado, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino español recordó que "la depuración de aguas residuales urbanas es una competencia municipal y autonómica" en la mayoría de los casos. Sin embargo, el Gobierno destacó que en los últimos años ha habido una "evolución en la mejora" de las instalaciones, algo que reconoce Bruselas, pero que considera insuficiente.

La justicia comunitaria deberá ahora decidir si respalda los argumentos de Bruselas, en cuyo caso obligaría a España a cumplir inmediatamente la sentencia y podría imponer una multa. Según fuentes comunitarias, España se enfrenta a "una sanción multimillonaria" pues Luxemburgo puede imponer un recargo por cada día de incumplimiento. El proceso podría dilatarse varios años.

Por otra parte, la Comisión cursó otra denuncia contra España por el incumplimiento de la directiva que obliga a los países de la UE a publicar un plan de gestión de cada cuenca hidrográfica. El plazo acababa en julio de 2009, pero España sólo ha presentado uno de los 25 que le corresponden: el de la cuenca fluvial de Catalunya. Para Ecologistas en Acción, la falta de informes demuestra que es imposible asegurar "el caudal ambiental de los ríos, dadas las excesivas demandas de agua por parte del regadío". El departamento que dirige Rosa Aguilar aseguró que "todos los borradores" de los informes estarán listos "a lo largo de 2011".