Si no es por la calidad de la democracia, al menos que sea por dinero. Con ambos objetivos, la Comisión Europea propondrá hoy una reforma legal que obligará a los países a abrir sus archivos y hacer públicos todos los datos recogidos a todos los niveles de la Administración, con excepción de aquellos que ya estén protegidos por el derecho a la privacidad o que sean sensibles para la seguridad nacional.

Bruselas recuerda que el derecho a saber pertenece a los ciudadanos, pero calcula además que un acceso abierto a datos y documentos públicos podría traducirse en unos beneficios directos e indirectos de hasta 140.000 millones de euros al año en la UE. "Tus datos tienen más valor si son accesibles, así que empecemos a liberarlos ya", porque "los contribuyentes ya han pagado por esta información y lo mínimo que podemos hacer es devolverlos a aquellos que quieran usarlos para crear crecimiento y puestos de trabajo", tiene previsto decir hoy la comisaria a cargo del sector de las telecomunicaciones, Neelie Kroes, en un discurso al que ha tenido acceso este diario.

La UE reclama la creación de portales con todos los datos estatales

La reforma legal incluye reforzar la directiva de "reutilización de la información del sector público", en vigor desde 2003, para "crear una regla general" que permita el uso de esos datos para fines "comerciales y no comerciales" a un precio "que no supere los costes marginales de la petición de información". Además, la Comisión pretende que esté disponible a través de "formatos accesibles" que acaben con la barrera tecnológica de muchos datos que ya son públicos pero lejos del alcance del ciudadano.

La propuesta será debatida por los gobiernos, pero Bruselas espera que entre en vigor en 2013. La norma llenaría el vacío legal europeo que existe entre países como Reino Unido o Francia, que en los últimos meses han puesto a disposición de los ciudadanos una ingente cantidad de datos públicos a través de portales en internet. Otros como España son una excepción entre los grandes países al no contar con una ley de transparencia.

"La Comisión abrirá su propia caja fuerte de información", dice un experto

En julio, y tras años de promesas, el Consejo de Ministros aprobó formalmente un anteproyecto de ley de transparencia, aunque el Ejecutivo era consciente de que el calendario electoral acabaría sepultándolo en el cajón de leyes pendientes sobre cuya tramitación deberá decidir ahora el futuro Gobierno del PP.

Según la Comisión, en países como España hay una "falta de claridad sobre si ciertos datos existen o están disponibles, sobre qué autoridad pública los posee o sus condiciones de reutilización" y, en algunos casos, es muy difícil o costoso hacerse con ellos por barreras burocráticas.

El anteproyecto fue publicado tan sólo dos meses después del estallido del Movimiento 15-M, en el que la reivindicación de una ley de transparencia estuvo muy presente, pero ponía fin a unos esfuerzos dirigidos por la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega que se toparon con el no del Consejo de Ministros. El borrador de la ley preveía "el suministro preferentemente por medios electrónicos", pero reservaba al organismo competente un plazo de 30 días ampliable a dos meses en caso de que los datos fuesen muy difíciles de conseguir o muy voluminosos. Entre los datos que pasarían a ser completamente accesibles figuraban las directrices, textos normativos en trámite, planes y estrategia, convenios alcanzados, contratos adjudicados, sueldos o subvenciones públicas, presupuestos y datos de ejecución.

La medida generará beneficios de 140.000 millones de euros al año

La propuesta se centra en los datos recolectados por organismos públicos y reclama la aparición de portales públicos que acaben con los intermediarios. El Gobierno francés lanzó este mes un portal con una aportación inicial de 352.000 tablas de datos de 90 organismos públicos. Se une a webs como la creada por el Gobierno británico, donde figura el calendario de reuniones de los ministros, los contratos públicos, la ejecución de los presupuestos o la posibilidad de descubrir datos recogidos en un punto geográfico concreto con sólo introducir un código postal.

"La Comisión abrirá su propia caja fuerte de información", asegura Ryan Heath, portavoz comunitario para la Agenda Digital, en referencia a un portal europeo que estará disponible en primavera.

"Esperamos que las administraciones nacionales hagan lo mismo", porque "dará un gran impulso a industrias como las de aplicaciones para teléfonos inteligentes, revolucionará la investigación académica y, en algunos casos, cambiará hasta la manera de hacer periodismo", confía. En la mente de los funcionarios comunitarios están documentos como los del Departamento de Estado de EEUU filtrados por Wikileaks.

Las leyes de la UE son claras en cuanto a las excepciones de la directiva, que comienzan por las normas que garantizan la privacidad de los ciudadanos, los datos de empresas privadas y de carácter principalmente comercial o los que estén sujetos a derechos de autor. El resto de información debería ser pública por el potencial económico de su reutilización y su valor democrático, según la Comisón.

El Ejecutivo comunitario señala que el mercado de la información geolocalizada o ligada a lugares concretos es "un motor de creación de empleo". "El mercado alemán de información geolocalizada en 2007 era de aproximadamente 1.400 millones de euros, el doble que en 2000. En Países Bajos, el sector dio trabajo a 15.000 personas en 2008", señala uno de los documentos que serán presentados hoy. La UE calcula que poner a disposición de ciudadanos y empresas datos como la localización de establecimientos, precios o mediciones e información producida por los Gobiernos puede incrementar la riqueza de la UE en 40.000 millones al año. La reutilización y comercialización de esos datos podría elevar el impacto directo e indirecto hasta los 140.000 millones.

La directiva incluirá además los datos de "bibliotecas, museos y archivos" que hasta ahora no estaban cubiertos por el texto en vigor. Según Jonathan Gray, de la asociación británica Open Knowledge Foundation, la actual directiva fue "aguada" por un "ámbito deliberadamente abierto" que permitía a los gobiernos decidir qué publicaban y qué no, algo que el nuevo texto se propone limitar.