A través de un correo electrónico que no llegó a todos. Esta es la forma que escogió la dirección del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia para comunicar a los 114 trabajadores incluidos en su expediente de regulación de empleo (ERE) la firma de extinción de los contratos. Un método que contradice el acuerdo alcanzado con el comité de empresa de comunicar con 48 horas de antelación el finiquito para que los empleados puedan revisarlo y detectar posibles errores.

La noticia causó un gran malestar y cerca de 200 científicos cortaron durante dos horas la carretera del Saler, donde está ubicado el centro. Pasadas las 13 horas, la empresa rectificó, anuló las cartas de despido firmadas durante la mañana y estableció un nuevo plazo: por la tarde se entregarían los finiquitos y los investigadores tendrían hasta el mediodía de hoy para comprobarlos y rubricarlos.

"Estoy asombrada de que un centro como este se haya mantenido con una gestión tan disparatada", explicó María Victoria Gómez, de CCOO, durante la asamblea que, espontáneamente, se organizó a continuación. "O aquí no manda nadie o mandan todos y se dan órdenes contradictorias", prosiguió Gómez, en relación con el desgobierno que vive el centro desde que se inició el expediente de regulación de empleo y que ayer vivió una de sus derivas más pronunciadas.

De hecho, el gerente del CIPF, Carlos Pérez Espuelas, estuvo todo el día fuera del centro, según fuentes del comité de empresa. Público inten-tó contactar con él, pero desde su despacho informaron de que el gerente ya no iba "a hacer declaraciones".

Por la tarde, la sensación de desconcierto recorría los pasillos del centro, en un ir y venir de rostros graves. Tras las puertas entreabiertas de los laboratorios, se repetía la misma escena: investigadores apilando documentos y enseres y rellenando cajas de cartón. "Quiero acabar la tesis y largarme de este puto sitio", conversaba a través de su móvil una becaria.

Y, mientras, en el vestíbulo, una larguísima cola de batas blancas aguardaba a que el responsable de Recursos Humanos les extendiera el finiquito. "Me he sentido muy maltratada, estoy en estado de shock, nos han tratado como perros", señalaba Silvia March. El sentimiento era común en la fila, donde todos destacaban que la situación "de ruina" del centro se debe a la mala gestión y a que el ERE se ha utilizado para quitarse de encima a los científicos críticos con la dirección. Con este expediente secierran 14 laboratorios, entreellos los dos únicos sobre cáncer y el único que investigaba enfermedades relacionadas con envejecimiento.