Es la primera vez que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) se muestra abierta a debatir una nueva regulación para que las administraciones puedan ofrecer WiFi gratis a sus ciudadanos. Hasta ahora, cuando un organismo público pedía permiso para dar acceso a Internet sin cables, la CMT estudiaba cada caso de forma individualizada, sin unos criterios prefijados que se pudiesen consultar de forma abierta.

Y hasta el momento, por diferentes motivos, las peticiones de los ayuntamientos se han resuelto de forma desigual: la CMT impuso al Ayuntamiento de Málaga una multa de 300.000 euros por querer ofrecer Internet a sus ciudadanos, mientras que a Barcelona le otorgó una autorización con condiciones. El escollo lo ponen las operadoras, que creen que una oferta pública generalizada de acceso a Internet acabaría con su negocio.

Para acabar con la disparidad, la CMT dio a conocer hoy una circular en la que detalla que, si los consistorios desean ofrecer WiFi gratis a sus ciudadanos por tiempo ilimitado, deben cumplir tres requisitos: inscribirse en el registro del regulador, excluir de la cobertura de la red "edificios de uso residencial o mixto" y limitar la velocidad a 256 Kbps.

Vodafone se muestra partidaria de la puesta en marcha de la colaboración pública y privada

La inscripción en el registro es gratuita y, según explica la CMT, ha constituido el principal problema para la mayoría de las iniciativas puestas en marcha. Respecto al segundo requisito, las administraciones deberán orientar las antenas hacia los lugares públicos. El regulador es consciente de que, si se generalizan las redes WiFi públicas en plazas o parques, es probable que alguna vivienda tenga acceso a ellas. Pese a ello, puntualizan que se tratará de casos aislados.

El proceso para el cambio de regulación se inició en junio del año pasado, cuando la Comisión inició una consulta pública con las partes implicadas en las que estas explicaron los límites y requisitos que consideraban tenían que cumplir las redes WiFi públicas. Meses antes, y en previsión de una normativa más laxa por parte de la CMT para la oferta de redes WiFi municipales, diferentes asociaciones que representan a las operadoras propusieron al Gobierno opciones a las que se podían destinar fondos públicos. Entre ellas, no estaba incluida la creación de redes WiFi públicas.

La velocidad de conexión a Internet más extendida en España oscila entre 3 y 6 Mb. Con esas cifras, el regulador ha considerado que 256 kbps no suponen una competencia seria para las operadoras, ni en redes fijas ni móviles. En la consulta realizada por la CMT, Telefónica detalló, según el documento hecho público por el regulador, que la oferta de redes WiFi públicas impedía "la existencia de competencia y el desarrollo de una oferta privada competitiva". Además, la compañía consideró que este servicio "desincentiva, distorsiona y crea barreras de entrada". La operadora no quiso pronunciarse hoy sobre la circular de la CMT.

La CMT ha abierto un periodo de alegaciones de 20 días

En un intento de contentar a las operadoras, la CMT ha establecido en el anteproyecto que si el ayuntamiento que va a dar el servicio desea ofrecer una velocidad superior a los 256 kbps, tendrá que constituir una empresa independiente, ya que el municipio no puede financiar con dinero público un acceso WiFi que suponga una competencia directa a las operadoras.

En las respuestas anteriores al anteproyecto, Vodafone eplicó que, en el caso de ofrecerse el WiFi municipal en una zona en la que ya existe una iniciativa privada, "se reduce la competitividad y se expulsa a los operadores". Tampoco se mostraba a favor de la implantación de estas redes en el caso de no haber una alternativa privada, especificando que la oferta de los ayuntamiento "desincentiva la demanda y disuade a los operadores de entrar en el mercado".

Vodafone se muestra partidaria de la puesta en marcha de proyectos de colaboración pública y privada, siempre que la CMT haya constatado que las operadoras no tengan planes de desplegar servicios de banda ancha "en el futuro". Orange iba un paso más allá en los requisitos de cobertura de estas redes, proponiendo que el acceso fuera posible sólo en el interior de las Administraciones "y no en la vía pública".

Los requisitos plasmados por la CMT en el anteproyecto representan la propuesta del regulador sobre las condiciones que se deben cumplir. A partir de la publicación en el BOE de este anteproyecto, algo que sucederá en las próximas semanas, la CMT abrirá un periodo de alegaciones. Las partes interesadas (operadoras, municipios, empresas, asociaciones o partidos políticos) tendrán 20 días para plantear sus alegaciones.