¿Cómo han actuado los jueces hasta ahora con el P2P?
Las cuatro sentencias firmes producidas hasta el momento son absolutorias y han especificado que las páginas de enlaces P2P no realizan comunicación pública de las obras al no albergarlas, y que no hay reproducción o copia de las mismas. El cambio que se plantea ahora es que sea la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, es decir, un órgano administrativo ajeno al poder judicial, el que ordene el cierre de esas páginas de enlaces con su propio criterio.

¿Cómo se hará el cierre de esas páginas?
Un reglamento tendrá que concretar la forma de trabajar de la comisión. Pero, por lo adelantado ayer por el Ministerio de Cultura, esta nunca actuará por su cuenta sino a instancia de parte. Podrá exigir a las operadoras que alojan las páginas que revelen la identidad de los dueños para actuar contra ellos.

¿Podría cerrarse una web y que un juez ordenase su reapertura?
Para el abogado especializado en nuevas tecnologías Javier de la Cueva, esta es precisamente la situación que se va a producir cuando la Comisión de Propiedad Intelectual empiece a actuar. Cuando el organismo ordene el cierre de la página que, según su criterio, infringe los derechos de autor, el propietario podría recurrir a los jueces con las alegaciones correspondientes. “Sólo sería cuestión de tiempo que un juez determinase su reapertura”, explica. El problema, en opinión de De la Cueva, es que este proceso puede demorarse en el tiempo.

¿Quién compone la Comisión?
La Comisión de Propiedad Intelectual existe desde 1987 pero ahora se redimensiona, desdoblándose en dos secciones. La primera estará dedicada a labores de arbitraje y mediación. La sección segunda será la que vea los expedientes contra páginas. La anterior estaba compuesta por tres funcionarios del Ministerio de Cultura, dos representantes de las entidades de gestión y otros dos de las operadoras. Por el momento, se desconoce quiénes serán los nuevos miembros, aunque la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, ha detallado que será “una comisión independiente formada por expertos”.

¿Cómo funcionará?
Según explican fuentes gubernamentales, la Comisión de Propiedad Intelectual actuará a instancia de titulares de derechos o entidades de gestión cuando estos consideren que se están difundiendo sus obras en la Red sin licencia ni autorización. La Comisión se pondrá en contacto con el presunto infractor e investigará si la página está realizando una violación de los derechos de autor. Siempre según esas fuentes, si se confirma esa violación, solicitará al infractor que, en un plazo por determinar, retire esos contenidos. En el caso de no hacerlo, la Comisión ordenará a los prestadores de servicio la suspensión de la web. Queda por ver qué ocurre con las ubicadas fuera de España.

La medida del Gobierno, ¿afecta a programas como eMule?
En principio, no. La medida se orienta sólo a las páginas de enlaces y no a los programas de intercambio de archivos. La abogada de la Asociación de Internautas Ofelia Tejerina detalla que programas P2P como eMule son “un sistema de comunicación privada entre particulares” y que, por tanto, los contenidos que circulan por estas redes están protegidos por el secreto de las comunicaciones y la protección de los datos personales.

¿Se cortará la conexión a los usuarios?
Tanto el Ministerio de Cultura como el de Industria insisten en que estas medidas están orientadas para actuar “contra aquellas páginas web que se apropian de contenidos de los demás” y que, en ningún caso, se cortará la conexión ni se reducirá la velocidad de los usuarios que descargan contenidos sujetos a derechos de autor. El Gobierno detalla que es un modelo distinto al que se está desarrollando en Reino Unido o el que ya se aplica en Francia.

¿Se considera un enlace como propiedad intelectual?
Para los juristas y tecnólogos, este puede ser el quid de la cuestión. En algún momento de la tramitación de la ley tendrá que revisarse la consideración de los enlaces a material sujeto a derechos de autor. Para los abogados de la mayoría de las páginas P2P denunciadas ante los tribunales, se trata de simples vínculos sin responsabilidad sobre el material al que enlazan, como hace Google. La práctica totalidad de los jueces ha coincidido con esta visión.