El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se lo ha puesto fácil a Mariano Rajoy para prorrogar la vida de los reactores atómicos españoles en cuanto llegue a la Moncloa tras el 20-N, como vaticinan las encuestas. El pleno del CSN, compuesto por cinco consejeros, ha decidido aprobar 'la limitación temporal' del actual almacenamiento en piscinas del uranio quemado en los reactores, puesto en cuestión tras el desastre de Fukushima. La propuesta busca 'acotar' la cantidad de residuos de uranio 'susceptibles de fuga en caso de accidente'. En el plazo de un año, el Consejo anunciará las fechas en las que habrá que sacar la basura nuclear de las albercas.

La medida, aprobada con los votos de los tres consejeros nombrados por el PP y CiU y el rechazo de las dos del PSOE, impone de facto la construcción de un almacén único de residuos nucleares en España, el polémico ATC, que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha sido capaz de sacar adelante. El depósito centralizado es un requisito imprescindible para que Rajoy, si gana las elecciones, cumpla su promesa electoral de llevar a cabo en las centrales la 'prolongación de su operación', como afirma su programa. El PSOE propone un 'cierre gradual' desde 2013 a 2028.

El ATC es imprescindible para alargar la vida de los reactores

La otra opción, construir un almacén de residuos nucleares en cada uno de los ocho reactores, parece descartada, según las fuentes del sector consultadas, por lo absurdo de multiplicar el riesgo y por la previsible imposibilidad de completar el diseño de cinco almacenes en el plazo que fijará el CSN. Sólo las centrales de Guadalajara (Zorita, en proceso de desmantelamiento, y Trillo) disponen de almacenes individuales. Ascó, en Tarragona, está construyendo uno.

La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, sin embargo, ya tiene listo un diseño para el almacén único. Zarra (Valencia) y Ascó son los emplazamientos más aptos para construir este ATC, según las evaluaciones técnicas del Gobierno de Zapatero.

La reunión del pleno del CSN se celebró el 13 de octubre, aunque su decisión de sacar los residuos de las piscinas como parte de las 'lecciones pos-Fukushima' no se conoció hasta ayer, cuando el Consejo colgó el acta en un rincón de su página web. El CSN, un organismo público, no ha comunicado todavía oficialmente a los ciudadanos la decisión tomada hace un mes.

El CSN tomó la decisión hace un mes y la ha ocultado al público

La medida de imponer de facto la construcción del ATC dividió al pleno. Por primera vez en el mandato de Carmen Martínez Ten, presidenta del CSN a propuesta del PSOE desde 2006, se emitieron votos particulares. En ellos, la propia presidenta y la consejera Rosario Velasco compartían 'la preocupación expresada' en la propuesta de los consejeros de PP y CiU, pero justificaban su rechazo con argumentos sobre la metodología.

'En Fukushima el problema han sido las piscinas, no los reactores', señalan fuentes del sector, aplaudiendo la medida. Los propietarios de las centrales en España (Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa y HC Energía) cambian un tercio de las barras de combustible de uranio de los reactores cada uno o dos años. En centrales de más de 25 años, la carga de la piscina puede ser ocho veces superior a la del reactor, explican las mismas fuentes.

Para el físico nuclear Francisco Castejón, la decisión tomada por el CSN es 'muy significativa, porque para prolongar la vida de las centrales nucleares es imprescindible la construcción del ATC'. Castejón, de Ecologistas en Acción, critica que los consejeros del CSN 'hagan en buena medida lo que quieren los partidos que los han nombrado'. A su juicio, 'todo está perfectamente alineado con el programa del PP'.