La titular del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, la empresaria y bióloga donostiarra Cristina Garmendia, comparecerá por primera vez en el Congreso de los Diputados el próximo 16 de junio –unos días después de lo inicialmente previsto–, para anunciar las líneas generales de su política científica en la presente legislatura y someterse a las preguntas de los diferentes grupos parlamentarios. La expectación creada por este Ministerio es grande y, de momento, corre pareja al optimismo, pero los numerosos intentos fallidos por dar el ya clásico impulso definitivo a la investigación española, que se repiten desde que se aprobó la Ley de la Ciencia, en 1986, pueden tornar el optimismo en desconfianza a poco que no se envíen mensajes claros. Quizá por ello el Ministerio se ha mantenido hasta ahora reservado sobre sus intenciones.

No ayudará saber que buena parte de la comunidad científica está convencida de que el Gobierno tiene sobre la mesa la mayor parte de los ingredientes necesarios (talento investigador y producción científica, objetivos localizados, infraestructuras de partida) para que España se incorpore por fin de pleno derecho a la primera división científica internacional. ¿Qué faltaría entonces? Decisión política, responden los expertos.

Para el científico Emilio Muñoz, uno de los redactores de la Ley de 1986, el principal problema es hacer conjugar tantos intereses distintos como en la actualidad hay en juego, no sólo por las demandas de cada una de las 17 Comunidades Autónomas, sino también por el siempre complicado reparto de competencias entre los ministerios (Industria, Hacienda, Educación, Administraciones Públicas...).

Comprometido un crecimiento continuo del gasto público, el mayor reto del Ejecutivo es ahora lograr seducir al sector productivo, para que aumente de manera significativa su participación en el gasto en I+D+I. También esto requiere de firmeza política. Muñoz opina que, en las condiciones actuales, “es dificil que las empresas se incorporen al sistema, porque no entienden cómo funciona lo público y en cuanto se asoman y lo ven, se ponen de los nervios”. “El sector empresarial está dispuesto a mover ficha, lo están esperando, pero hace falta mucho diálogo e interacción, mucho pacto social y no quedarse encerrado en un despacho”, aconseja Muñoz.

La primera tarea del recién creado equipo ministerial es, pues, flexibilizar el sistema para hacerlo atractivo, en primer lugar, a investigadores de excelencia, nacionales y extranjeros, y a partir de las expectativas que estos despierten, a los inversores privados.

El experto en gestión de la I+D Jesús Sebastián insiste en la idea de que en los últimos años se han dado muchos movimientos contradictorios, por lo que ahora hace falta una política científica muy firme. “El aumento financiero en la última legislatura fue espectacular, del 167%, no hay otro ejemplo similar. Ahora es necesario hacer un énfasis en lo cualitativo, hay que decidir sobre todo en qué y cómo se gasta todo ese dinero”, sentencia Sebastián.