Este artículo se publicó hace 15 años.
División en Francia por la votación de la ley 'antidescargas' de Sarkozy
Varios diputados se desmarcan del intento del Gobierno aplastar el intercambio gratuito de obras
Nicolas Sarkozy cree firmemente que basta con multiplicar leyes y leyes para acabar con el crimen. Un crimen que él mismo se encarga de criminalizar. A partir de hoy el presidente francés va a tener la ocasión de probar si su plan funciona también en el ciberespacio. Llega a la Asamblea Nacional el controvertido proyecto de ley Creación e Internet, bebé predilecto de Sarkozy y su esposa, la cantante Carla Bruni. Una ley que intenta poner en pie un coloso legal, técnico e informático para controlar las redes P2P y sancionar a quienes copian y comparten gratis música y películas. El proyecto de ley fue aprobado de forma aplastante en el Senado en octubre pasado. Ahora, de cara al examen en la Asamblea, los opositores al texto están ganando terreno y numerosos diputados dicen desmarcarse, lo que abre la perspectiva de un revés en la Cámara Baja.
Francia se convirtió, en el invierno pasado, en el centro de la polémica planetaria en que están enzarzados las multinacionales del disco y el cine, de un lado, y los net-activistas de las redes de intercambio gratuito, de otro.
La decisión de Sarkozy de impulsar el proyecto de ley represivo ahora debatido hicieron que saltara a la luz del día una realidad hasta entonces oculta: en una democracia como Francia ya hay robots que están filtrando la red de forma generalizada, robots pilotados por empresas como Advestigo y Qosmos. Ahora, ese experimento técnico-burocrático, auspiciado por las grandes productoras musicales y cinematográficas y las sociedades de gestión de derechos, va a intentar recibir la cobertura legal que le faltaba.
El proyecto de ley Creación e Internet prevé la creación de una Alta Autoridad para la Difusión de las Obras y la Protección de los Derechos en Internet, Hadopi para los amigos, de sus siglas en francés. La Hadopi tendrá una misión siniestra. La comisión, integrada por jueces pero fuera de un marco judicial, recibirá los informes efectuados por los robocops Advestigo y Qosmos. Los informes incluirán las huellas numéricas (fingerprint) de las obras compartidas y las direcciones IP por las que transitaron.
DesconexionesCon esos datos, la Hadopi identificará al titular de la dirección IP y le enviará advertencias por correo electrónico y postal. Si el internauta no deja de descargar a partir de la tercera advertencia, lo sancionará con una desconexión de Internet que podrá durar entre uno y doce meses. El Gobierno espera ir advirtiendo a una media de unos 10.000 internautas cada día, que no es una gran cifra si se la compara con las 440.000 descargas que se realizan en Francia cada día, según cálculos de una de las sociedades de productores, la SACEM. La Internet Society Francia se ha posicionado contra el texto, estimando que "va a generar tensiones fuertes y numerosos problemas de aplicación". "Los internautas seguirán descargando por métodos técnicamente diferentes para protegerse de las sanciones", dice la organización.
Un reciente sondeo, publicado por el diario Le Figaro, dio una de las claves para el posible fracaso del proyecto Sarkozy-Carla: uno de cada cinco simpatizantes del partido sarkozysta, la UMP, reconoce que comparte música y películas en la Red.
¿Derechos de autor o abuso de la industria?El objetivo oficial del proyecto de ley es “hacer que cese la hemorragia de obras culturales por Internet”, para poder seguir garantizando “la financiación de la cultura”. Los detractores niegan que ese sea el objetivo real.
El director de la casa de discos independiente Naïve, Patrick Zelnik, denuncia un “plan absurdo, liberticida y kafkiano”. Jérémie Zimmermann, de la asociación La Quadrature du Net, niega que el Gobierno quiera proteger a los artistas, y denuncia que el objetivo real es “salvar a las grandes multinacionales, con sus ejecutivos y comerciales, que se quedan con el 95% de lo que vale una obra”.
Además de instaurar las sanciones de desconexión a los internautas, la ley prevé obligar a las empresas de servicios en Internet a colaborar con la caza. También instaura la responsabilidad del titular de Internet por el uso que se haga de él. Ciertos organismos con conexiones abiertas WiFi, para protegerse, están pensando en filtrar las web P2P.
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