Mientras los médicos de Texas mantienen con vida a Marlise Muñoz en contra de su voluntad, doctores de California luchan para que la familia de la menor Jahi McMath acepte que la desconecten. Son dos casos antagónicos que han reabierto esta semana el debate en EEUU sobre la muerte cerebral. La familia de Marlise Muñoz, una tejana de 33 años, dio por sentada su muerte hace unas semanas: en noviembre sufrió una embolia pulmonar en la cocina de casa, fue declarada en situación de muerte cerebral y la joven, paramédica de profesión, siempre se había opuesto a mantenerse en vida de forma artificial.

Sin embargo, un doctor del hospital de Fort Worth (Texas) se opuso a desconectarla: Marlise estaba embarazada de 14 semanas y la ley tejana, como en unos veinte estados más, no permite hacerlo en el caso de que la paciente espere un niño. La ley, aprobada en 1989 y modificada en 1999, establece que nadie puede poner fin a un tratamiento para mantener la vida artificialmente si la paciente está embarazada. El centro médico, el John Peter Smith Hospital, considera que está aplicando la ley, aunque hay quienes creen que hay diferencias legales entre las pacientes en estado vegetativo o en coma y las que están en situación de muerte cerebral, como es el caso de Marlise.

La familia pide que se desconecte el cuerpo del respirador, tanto por convicción propia como por el deseo que Marlise expresó en conversaciones sobre este tema tiempo atrás. El padre de la paciente, Ernest Machado, declaró a "The Dallas Morning News" que seguramente el feto sufrió la misma falta de oxígeno que Marlise. Desde el entorno de la familia se ha lanzado la campaña "Apoyo a la familia Muñoz" para pedir que se escuche la voluntad de los pacientes y de sus parientes, así como para recoger fondos con los que sufragar la batalla legal. Mientras en Texas la familia insiste en dejar morir a la paciente, en California, donde se debate otro caso de muerte cerebral, presiona para no desconectarla.

Un centro médico se ha enfrentado en las últimas semanas a la familia de Jahi McMath, una niña de 13 años que fue declarada en muerte cerebral y cuyos padres, que han conseguido sacarla del hospital, insisten en mantener conectada a un respirador. El abogado de la familia informó hoy a través de su cuenta de Twitter de que la niña está estable y su salud ha mejorado. La menor fue operada a principios de diciembre para tratar un problema de apnea durante el sueño, una intervención sin aparente complicación pero que terminó derivando en una declaración de muerte cerebral tres días después, posiblemente por un paro cardíaco.

En una carta pública dirigida a la familia, el californiano Children's Hospital & Research Center aseguró que Jahi había sufrido una "muerte total" y que la situación de muerte cerebral había sido confirmada tanto por dos médicos del centro como por un tercer doctor y un juez. "No quiero que la desconecten del respirador artificial porque realmente siento que puede despertar", justificó la madre, Nailah Winkfield, en declaraciones a la CNN. "Siento que se trata de una semana difícil para ella y si acaban de darle un poco más de tiempo, entonces será capaz de despertarse".

Se inició entonces la lucha de la familia contra el hospital para evitar que los médicos la desconectaran y para sacarla del centro. Finalmente, y por orden judicial, el pasado domingo el hospital tuvo que trasladar a la menor a la oficina del forense del condado, ya que legalmente ha sido declarada muerta. Y a su vez, el condado la entregó a la familia. En una rueda de prensa, el abogado y los familiares no detallaron dónde llevaron a Jahi, pero subrayaron que había "médicos implicados", según recogió Los Angeles Times.

La familia, que ha desatado una gran polémica, contó con el apoyo de Terri's Network, la fundación de la familia de Terri Schiavo, una estadounidense que se mantuvo conectada y en estado vegetativo durante 15 años. En su página web y en apoyo a la familia californiana, la fundación escribió: "Al igual que en el caso de Terri Schiavo, las personas con lesiones cerebrales graves son tratadas como ciudadanos de segunda clase, a menudo se les niega el tratamiento, la atención y el amor que su humanidad exige".