Las instituciones españolas no bastan para defender el medio ambiente del país. La mayor parte de las denuncias enviadas por los ciudadanos europeos al Europarlamento están relacionadas con violaciones de las leyes ambientales en España. Por primera vez, en 2010 nuestro país superó a Alemania en número de quejas, según el informe anual de la Comisión de Peticiones del Parlamento.

En ocasiones, estas quejas terminan en misiones de investigación, como la realizada por eurodiputados en febrero de 2010 a la ría de Huelva, uno de los mayores casos de contaminación industrial de Europa. En aquella ocasión, la Comisión exigió 'la descontaminación de todo el sitio' hasta dejarlo en condiciones que cumplan las leyes europeas.

Los eurodiputados han exigido la descontaminación de la ría de Huelva

El año pasado, las denuncias relacionadas con España fueron 288, el 15,7% del total. Las quejas españolas desbancaron a las dirigidas a la UE en su conjunto, que alcanzaron el 15,6%, y a las de Alemania, con el 14,9%. En 2009, con un mayor número de reclamaciones en general, España ocupaba el tercer puesto. El medio ambiente supera con creces a la justicia y la sanidad en el contenido de las denuncias.

Los eurodiputados lamentaron el martes, en clara alusión a España, 'la negligencia mostrada por algunos Estados miembros' a la hora de aplicar las leyes europeas de medio ambiente. El vicepresidente de la Comisión de Peticiones, el eurodiputado de IU Willy Meyer, achaca el primer lugar de España a 'la apuesta abusiva por la especulación y la construcción sin freno'. Y pone un ejemplo: la artimaña del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de clasificar como 'calle' a la M-30, la autopista que circunvala la capital, para eludir una declaración de impacto ambiental obligatoria. Las denuncias relativas a España tienen que ver con evaluaciones de impacto de infraestructuras y urbanizaciones, gestión del agua, contaminación atmosférica, residuos y emisiones de la industria, según el informe.

El derecho a queja ante el Parlamento Europeo es uno de los pilares de la ciudadanía europea, según el Tratado de Lisboa. Cualquier persona puede denunciar en Bruselas una injusticia relacionada con las leyes europeas. El ciudadano acude al Europarlamento, que investiga y se dirige a la CE, que a su vez presiona al país para que cumpla la legislación. Si el país persiste en la violación, la Comisión denuncia a los tribunales. En abril, por ejemplo, el Tribunal de Justicia de la UE condenó a España por gestionar de manera deficiente las aguas residuales en 38 aglomeraciones urbanas.

Meyer denuncia 'un cuello de botella' en el camino entre el ciudadano y la justicia. La Comisión Europea, presidida por el portugués José Manuel Durão Barroso, tarda una media de cuatro meses en responder a las solicitudes de investigación del Europarlamento.

Para Eladio Fernández-Galiano, representante del Consejo de Europa, los datos de 2010 muestran que España tiene 'una ciudadanía más activa y unas ONG muy peleonas, que no se fían de los tribunales españoles'.