En Estados Unidos, un científico que cometa un fraude grave (como inventarse datos, manipular o plagiar) puede quedar durante cinco años fuera de la financiación del Gobierno federal. “Ese tiempo sin medios puede dejarte fuera de la circulación”, afirmó el martes en Madrid Christine Boesz, inspectora general de la Fundación Nacional para la Ciencia de EEUU. Ella es la principal responsable de las políticas destinadas a evitar la mala conducta científica, un campo en el que en España aún queda casi todo por hacer.

Frente a las duras sanciones que se prevén en EEUU para castigar a los investigadores que infringen las normas, en España aparece la indefinición. Pere Puigdomenech, presidente del recientemente creado comité de ética del CSIC, afirmó el martes, durante el acto de clausura de un encuentro científico organizado por la Fundación Europea para la Ciencia, que las instituciones dedicadas a la investigación ya cuentan con mecanismos para imponer sanciones. Sin embargo, preguntado por casos concretos, sólo recordó que “algunos investigadores han tenido más dificultades para obtener financiación, sobre todo en el extranjero”.

Para mejorar una situación en la que se confía, sobre todo, en la buena voluntad de los científicos, el comité de ética tiene previsto elaborar un código de buenas conductas y formar un comité que evalúe los posibles fraudes. No se haría cargo, sin embargo, de las posibles sanciones.
Este aspecto supone aún una diferencia entre Europa y EEUU. John Marks, vicepresidente de la Fundación Europea para la Ciencia, reconoció que en la actualidad se está discutiendo si la autorregulación del sector, que ahora prima en Europa, es suficiente, o si es necesario implantar sanciones como en EEUU. La necesidad de regular este tipo de situaciones se ha vuelto más acuciante debido al incremento en las colaboraciones entre instituciones de distintos países.

Marks aseguró que la ausencia de sanciones no hace que en Europa los porcentajes de fraude sean superiores a los de EEUU, donde entre los más graves y los más leves afectaría a un 2% de las publicaciones científicas. Queda por aclarar lo ajustado de esta afirmación ya que el propio Marks reconoció que en Europa no se han realizado estudios para calibrar la magnitud del problema, algo que sí se ha hecho en EEUU.

Los participantes en la rueda de prensa recordaron tambiérn que los niveles de fraude científico no son alarmantes, aunque haya que tomar medidas para que los casos de mala práctica no se extiendan. En este sentido, se ha insistido en la necesidad de que la nueva Ley de la Ciencia incluya un apartado dedicado a limitar las malas prácticas, para asegurar que los fondos de financiación, sobre todo los públicos, se empleen de forma correcta.

Ayudar a quien denuncia
En un estudio publicado en ‘Nature’ este año, dos tercios de los investigadores que habían denunciado irregularidades en sus centros de investigación aseguraron haber tenido problemas por ese motivo. En EEUU se estudian medidas para proteger a quienes denuncian.

El difícil control previo
Las revistas científicas, en las que los autores publican artículos revisados por otros expertos en la materia, han publicado numerosos estudios con datos erróneos o inventados. Los expertos reconocen que, si alguien quiere engañar en sus publicaciones, no lo tiene difícil.

Empezar en la universidad
Los responsables del comité de ética español resaltaron la necesidad de empezar a inculcar prácticas honestas desde los primeros instantes del proceso educativo.

Problema reducido
El vicepresidente adjunto de áreas científico-técnicas del CSIC aseguró que el problema del fraude científico es muy pequeño. No obstante, alertó ante la posibilidad de que pequeñas fechorías, como el maquillaje de un dato para que se ajuste mejor a los resultados de un artículo, acaben por convertirse en malas prácticas de mayor gravedad.