En nueve años, un estudiante de doctorado podrá convertirse en investigador funcionario con plaza fija, según el borrador de la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que el Gobierno envió ayer a los agentes sociales, las comunidades autónomas y miembros de la comunidad investigadora. La normativa propone que los investigadores tengan un contrato laboral con derecho al paro y cotización a la Seguridad Social desde el primer año, tal y como adelantó a Público la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, el pasado 22 de enero. Esto conllevará más costes respecto al sistema actuala los que el ministerio aún no sabe cómo hará frente, según fuentes del departamento.

El texto propone la reforma más profunda del sistema de I+D español desde que se aprobó la anterior Ley de la Ciencia en 1986. Además de la carrera científica también crea una nueva agencia estatal que gestionará todas las ayudas del Plan Nacional de I+D junto al Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) para reducir la burocracia.

Los investigadores funcionarios serán evaluados de forma 'continua'

Se trataba de los dos principales caballos de batalla de la ministra Cristina Garmendia y su equipo, que llevan casi dos años intentando sacar adelante el proyecto.

La nueva carrera científica elimina las becas con las que hasta ahora se financiaba a miles de investigadores. Ahora, los investigadores que deseen cursar el doctorado firmarán un contrato temporal desde el primer año. El modelo anterior era el 2+2, dos años de beca y dos con contrato laboral. Durante los años de beca, los investigadores no tenían derecho al paro ni a la baja dematernidad ni por accidentes laborales.

Una vez terminado el doctorado, los investigadores entrarán en el segundo tramo de la nueva carrera científica. Se trata de otro contrato 'fijo de cinco años', según fuentes del ministerio. Si los titulares pasan las pruebas necesarias, terminarán este periodo con una plaza de investigador funcionario similar a las actuales.

Se facilitará la movilidad entre el sector público y el privado

Antes pasarán dos evaluaciones a los tres y los cinco años, por parte de la Agencia de Evaluación y Calidad de la Acreditación (ANECA), un organismo independiente con el que el ministerio quiere aumentar la objetividad de estos procesos .

Los criterios de evaluación aún están por concretar, pero se centrarán, por ejemplo, en el número de publicaciones en revistas científicas que hayan conseguido los investigadores o el número de patentes que hayan logrado. Serán exámenes 'muy exigentes', dicen las mismas fuentes, con lo que el número de investigadores funcionarios no aumentará considerablemente.

Los propios funcionarios estarán sometidos a la evaluación constante de la ANECA, aunque será difícil que pierdan su plaza en caso de no cumplir los objetivos.

Se mantiene el modelo funcionarial por ser 'el más atractivo'

El texto también cambia las escalas y salarios de los actuales investigadores funcionarios. El objetivo es, en primer lugar, hacerlos más homogéneos para que un científico que trabaja en un Organismo Público de Investigación (OPI) pueda pasar a otro.

La nueva Ley de la Ciencia también fomentará con excedencias de cinco años que los investigadores públicos puedan trabajar en empresas con las que lleven proyectos comunes. Otro instrumento nuevo será el contrato para investigadores de prestigio con el que atraer a profesionales a España con un régimen similar al de un alto directivo.

Será difícil que se pierda la plaza aunque no se cumplan objetivos

El otro gran eje de la nueva Ley de la Ciencia es la creación de una agencia estatal que centralizará la gestión de los fondos del plan nacional de I+D junto al CDTI. Se trata de uno de los temas más polémicos, pues su creación se ha tenido que pactar con otros departamentos. Ciencia quiere eliminar procesos burocráticos en la concesión de ayudas, lo que haría que los fondos lleguen a su destino en la mitad de tiempo que ahora. Además la idea es que los fondos los gestione una agencia independiente y alejada de la política para que el dinero no quede comprometido en caso de que cambie el personal del ministerio, según fuentes conocedoras del borrador. En tercer lugar, el cambio permitirá desarrollar planes nacionales de varios años.

El ministerio discutirá su nuevo borrador primero con los sindicatos, en una reunión prevista para el miércoles, y con las comunidades autónomas un día después. Intentará consensuar con ellos y otros interlocutores un texto definitivo para enviarlo al Consejo de Ministros el 12 de marzo, si todo sigue según lo previsto. Después comenzará el debate parlamentario, que podría llevar meses. Antes de ese día, la comunidad de jóvenes investigadores saldrá a la calle en Madrid en una manifestación convocada para el 6 de marzo bajo el lema Investigar es invertir en futuro.

¿Para qué servirá la Ley de la Ciencia?
La nueva normativa instaura una carrera científica para los investigadores y crea nuevos órganos de gestión de la I+D en España. La ley también trata de adaptar el sistema español de I+D a realidades como la entrada en la Unión Europea, el desarrollo de las autonomías, el incremento de los recursos que recibe la investigación y el crecimiento de la comunidad investigadora, que se ha multiplicado por seis desde que se publicó la anterior ley.

¿Cómo  será la carrera investigadora?

En el sistema actual hay muchos modelos diferentes, dependiendo del organismo que otorgue la beca o contrato para los investigadores y en qué momento de su carrera se encuentren. Supone un largo periplo de más de 15 años repleto de incertidumbres. La nueva ley elimina las becas y crea un proceso “previsible” de nueve años tras el cual los investigadores se convertirán en funcionarios.

¿Cómo se paga ahora a los investigadores predoctorales?

El modelo actual para los investigadores que están estudiando doctorado se basa en el modelo 2+2. Los dos primeros años reciben becas y los dos siguientes, un contrato laboral temporal. Su cotización a la Seguridad Social está reducida y las becas no contemplan derecho al desempleo. Algunas comunidades autónomas tienen su propio modelo, como el 0+4 de Madrid o el 1+3 de Catalunya. Según un estudio del INE, el 41,2% de los doctores españoles ha sufragado sus estudios de doctorado por medio de becas de alguna institución española, un 25,8% ha tenido que desempeñar otra ocupación para poder financiar sus estudios y un 16,7% se ha visto obligado a pedir préstamos.

¿Qué propone la nueva ley para ellos?

El Estado deja de convocar becas y las sustituye por contratos temporales desde el primer año. La cotización aún no se ha determinado, pero se tendrá derecho a paro y bajas por maternidad. Las CCAA y otras entidades podrán seguir convocando becas si lo desean.

¿Y para los postdoctorales?
Los investigadores que tengan ya el doctorado optarán a un contrato fijo de cinco años. A los tres, un organismo independiente evaluará su progreso y continuará o rescindirá el contrato. A los cinco años se realiza una nueva evaluación. Si se aprueba, el investigador pasará a ser funcionario. Hasta ahora, los dos principales contratos que ofrecía el MICINN eran el Ramón y Cajal, de cinco años y posible contratación final, y el Juan de la Cierva para doctores ‘junior’, de tres años.

¿Será el final el puesto de funcionariode la carrera?

No. Aquellos que logren una plaza de investigador funcionario estarán en “evaluación continua” para comprobar que cumplen objetivos. Se adopta la modalidad de funcionario porque se considera más atractiva para los investigadores. El objetivo de la ley es atraer talento.

¿Quién examinará el proceso?

Las evaluaciones de investigadores postdoctorales y funcionarios las realizará la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación.
financiación

¿Quién gestionará  la I+D?

La ley crea una Agencia de Financiación que gestionará el Plan Nacional de I+D junto al Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI). El MICINN cree que así se reducirá a la mitad el tiempo que tardan en llegar los fondos para un proyecto.

Pasarelas entre lo público y lo privado

La ley crea nuevas escalas y sueldos de funcionario homogéneos para facilitar la movilidad entre organismos públicos de investigación. Crea pasarelas entre estos y las universidades y propone excedencias de cinco años para colaborar con la empresa. Habrá un contrato especial para atraer a España a investigadores “distinguidos”, similar al de los altos directivos.