Google no olvida ofensas del pasado. Una familia que cometió un delito hace tres lustros no podía quitarse el sambenito: cada vez que alguien introducía el nombre de alguno de ellos en el buscador, volvía al presente aquella infracción recogida en una resolución del Boletín Oficial del Estado (BOE). Hartos, exigieron a Google y al BOE que borraran sus nombres. Al no conseguirlo, presentaron una demanda ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Esta ha dictaminado que se desindexen sus datos y obliga a ambos a respetar el derecho a la privacidad.

La familia, que no quiere revelar su nombre, se vio implicada en un delito en 1996. Para afrontar sus responsabilidades, un juzgado de Castellón decidió embargar sus bienes y subastarlos. Este procedimiento ha de ser publicado en el BOE. Años después, el padre consiguió el indulto, hecho que también el boletín estatal está obligado a publicar. Aunque la familia saldó su deuda con la sociedad, en 2009 se produjo una inesperada alianza fáctica entre Google y el BOE. La publicación oficial dejó de imprimirse y pasó todas sus resoluciones al entorno digital. El buscador hizo el resto, aireando los trapos pasados de los ciudadanos españoles a todo aquel que quisiera curiosear.

El padre de familia sufrió un embargo por un delito, pero fue indultado

"La familia pidió a Google y el BOE que impidieran el acceso a sus datos personales, pero no les hicieron caso", recuerda su abogado, Samuel Parra, de ePrivacidad , una empresa especializada en proteger este derecho en internet. Entonces, pusieron una demanda ante la AEPD, que ha dado la razón a la familia. Aún así, Google presumiblemente recurrirá la resolución ante la Audiencia Nacional (ya lleva recurridas unas 90). Mientras, el BOE, que hizo caso omiso de la resolución, acabó por cumplirla tras una nueva denuncia. "¿Por qué les cuesta tanto entender al BOE y a Google que existe un derecho a la privacidad?", pregunta Parra.

El problema de Google lo está decidiendo la Audiencia Nacional que, en los próximos días, debe fallar el primero de los casos sobre el derecho al olvido digital. Los responsables del buscador siempre han alegado que Google Spain es sólo una filial dedicada a la publicidad y quien trata los datos personales es su matriz que,al estar en EEUU, escapa a las leyes europeas. Además, la web que concentra el 80% de las búsquedas de los españoles asegura que el responsable de alojar los datos en la web tiene un mecanismo sencillo para que Google no los encuentre.

Este mecanismo se llama robots.txt. Es un sistema que crea un sitio que Google se compromete a no mirar. La resolución del BOE sobre esta familia acabó allí. El problema es que, por definición, esta base tiene que ser pública, para que el buscador pueda chequear lo que no debe ver. Así, en la dirección www.boe.es/robots.txt están todas las resoluciones que algún implicado ha litigado para proteger sus datos.

" Google entra aquí cada mañana y se lo lleva todo", dice el director del BOE

"El robots.txt tiene el efecto perverso de indexar todo lo que no quieres que se haga público", explica Fernando Pérez, director del BOE. Pérez recuerda que "lo que se publica en el BOE no se toca". El problema viene con internet. "Google entra aquí cada mañana y se lo lleva todo, da igual que sea una ley o un edicto, y hace su base de datos", añade. Para Pérez, es el buscador y no el BOE el que debe poner medidas para no acceder a datos personales de ciudadanos que no quieran aparecer en las búsquedas. Google cree, por contra, que no puede adulterar esas búsquedas, y sólo lo hace por orden judicial.