El Consejo de Ministros aprobará hoy previsiblemente el anteproyecto de la Ley de la Ciencia, con el que el Gobierno quiere renovar el sistema de I+D español. Llegará 'sin modificaciones fundamentales' respecto al borrador que el Ministerio de Ciencia e Innovación presentó a investigadores y agentes sociales hace algo más de dos semanas.

Desde entonces, la ley ha recibido no pocas críticas. Las últimas llegaron ayer por parte de la Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce), que agrupa a 30.000 miembros. 'La ley no solucionará los verdaderos problemas del sistema de ciencia en España', dijo ayer su presidente, Joan Guinovart, en una rueda de prensa en Madrid. También los jóvenes investigadores, que se manifestaron en la capital el pasado sábado, y los sindicatos, han criticado aspectos del borrador.

Serán estos últimos los que tal vez consigan alguna concesión. De haber cambios de última hora, serán 'detalles' en los nuevos modelos de contratos para científicos que sugieran UGT y CCOO, con los que el secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz, seguía pactando ayer el texto en una reunión de última hora.

La Cosce denunció que la ley tiene 'enormes carencias' y volvió a quejarse de una 'reducción brutal' de los recursos de I+D este año. La ley 'no va a servir para darle a la ciencia española la competitividad global que requiere', señaló Guinovart. 'Su aprobación con el contenido actual no es conveniente', añadió.

La organización criticó los puntos clave de la nueva normativa, como la carrera científica, la coordinación del sistema de I+D con las comunidades autónomas y la creación de la Agencia Estatal de Investigación, un nuevo órgano independiente que gestionará los fondos para investigación científica y técnica. 'Queda tan indefinida que puede quedarse sólo en palabras', señaló Juan Luis Vázquez, que preside la comisión de la Cosce encargada de analizar el borrador de la ley. Añadió que la nueva carrera científica es 'un funcionariado sin oposiciones, que es lo mismo que tenemos, pero peor'.

Tampoco gustan los nuevos órganos de decisión que establece la ley, como el Consejo de Política Científica. En él se sentarán el Gobierno y las autonomías para coordinar su aportación a la I+D, un problema que queda 'enunciado pero no resuelto', según Vázquez. También lamentó que 'los científicos no tienen voz' en el Consejo Asesor, otro órgano consultivo cuyos miembros serán propuestos por las autonomías y el Gobierno central, la mitad cada uno.

'Las críticas son muy generales y no señalan cómo solucionar los supuestos problemas', respondieron fuentes del ministerio.

Los miembros de otra comisión de la Cosce que ha analizado con lupa los presupuestos de I+D para 2010 denunciaron ayer que los recursos se han recortado un 4,1%. En concreto, las aportaciones no financieras que llegan a los científicos, como ayudas, becas y subvenciones, cayeron un 14,5% respecto al año anterior , señalaron.