El único país de Europa que apuesta claramente por el cultivo de transgénicos, España, pegará un golpe de timón en los próximos meses. El Gobierno prepara un registro obligatorio de parcelas cultivadas con maíz modificado genéticamente en el que los agricultores se tendrán que apuntar siempre antes de sembrar y mediante comunicación formal y expresa, según la hoja de ruta del Ejecutivo en materia de transgénicos, a cuyas conclusiones ha tenido acceso Público.

El documento asegura que "el Gobierno no incentivará el cultivo de transgénicos", aunque en la práctica lo desincentivará. Los propietarios de las tierras tendrán que comunicar en qué parcelas exactas plantan transgénicos, de qué tipo son y "las medidas adoptadas en cada cultivo para evitar contaminación externa". La creación de esta lista negra de agricultores transgénicos, con un indudable poder disuasorio, se concretará mediante un real decreto antes de que termine la legislatura.

Los agricultores tendrán que retratarse ante la opinión pública

Una plaga que causa estragos

La ministra Rosa Aguilar cambia así el paso marcado por su predecesora al frente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, que siempre apoyó el cultivo de transgénicos en España. Aguilar, en cambio, defendió el programa electoral antitransgénicos de Izquierda Unida hasta que abandonó la formación para entrar en la Junta de Andalucía con los socialistas. Recién nombrada ministra, en diciembre de 2010, la exalcaldesa de Córdoba aseguró en una entrevista con este periódico que comía transgénicos "sin problemas".

En España se plantaron en 2010 unas 76.000 hectáreas de maíz con genes alterados en laboratorio, casi una cuarta parte del total del maíz nacional. Estas plantas modificadas genéticamente son resistentes a una plaga que causa estragos en Aragón y Catalunya: los llamados insectos del taladro o barrenadores del tallo. Cuando estos bichos mordisquean el tallo, una proteína tóxica para ellos paraliza su sistema digestivo y mueren.

El propio Ministerio afirma que estos alimentos no son perjudiciales

A partir de la entrada en vigor del real decreto, los agricultores que quieran sembrar esta variedad resistente al taladro, desarrollada en origen por la multinacional estadounidense Monsanto, tendrán que retratarse en el registro y exponerse a la opinión pública. Según el último Eurobarómetro, de 2010, sólo el 35% de los españoles apoya el cultivo de organismos transgénicos. En 2002, el porcentaje alcanzaba el 61%. El temor de los ciudadanos es tal que el maíz sólo se dedica al consumo animal, porque ninguna empresa se ha atrevido a comercializarlo para las personas. Sin embargo, la misma encuesta revelaba que en el país de Europa con mayor superficie sembrada con transgénicos uno de cada cuatro ciudadanos no ha oído hablar nunca de esta tecnología.

Sin incentivos

El creciente rechazo de los españoles a los transgénicos no se corresponde con ninguna evidencia científica que indique peligro. El propio Ministerio explica en su página web que "no existe ningún estudio científico que demuestre que estos alimentos sean perjudiciales para la salud". La industria siempre ha esgrimido esta ausencia de riesgos para rechazar la creación de un registro de parcelas cultivadas con maíz modificado. La propia existencia de una lista negra ya siembra dudas sobre su seguridad, argumentaban.

En la actualidad sólo se conoce el número de hectáreas por autonomía

Las organizaciones antitransgénicos, como Greenpeace o Amigos de la Tierra, sí reclaman desde hace años la creación de un registro público, como según ellos exige la legislación europea. Hasta la fecha, el Gobierno español había interpretado esas directivas de otra manera y sólo ha publicado el número de hectáreas transgénicas en cada comunidad autónoma, sin decir dónde se encuentran exactamente. En España no hay nada parecido a un registro. La superficie sembrada se calcula en función de las ventas de semillas modificadas genéticamente declaradas por las multinacionales.

La actualización del nuevo registro central será responsabilidad de las comunidades autónomas, según la hoja de ruta del Ejecutivo, que buscará "el máximo grado de consenso y participación de los sectores". El documento también señala que "el Gobierno de España no irá a más en primas e incentivos al cultivo de transgénicos", aunque en la actualidad no hay recompensas económicas para el cultivo de transgénicos, más allá del ahorro en insecticidas contra la plaga del taladro.

Tres Españas

El discurso del Gobierno ha cambiado por completo. En los papeles del Departamento de Estado de EEUU revelados por Wikileaks aparecía el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, pidiendo al embajador estadounidense presión en la UE a favor de los alimentos transgénicos. Pese a su supuesta seguridad absoluta, Austria, Francia, Alemania, Grecia, Hungría y Luxemburgo han prohibido su cultivo. Sólo España, la República Checa, Portugal, Rumanía, Polonia y Eslovaquia plantan organismos modificados genéticamente en la UE. Y, dentro de ellos, España cultiva aproximadamente el 80% del total europeo.

Ahora, el Ejecutivo parece sospechar. "Las autoridades científicas deben mantener un seguimiento continuado de la evolución y consecuencias de los cultivos, y las autoridades de gestión, tanto nacionales como regionales, deben acentuar el seguimiento y control de los cultivos", asegura el documento.

Si se confirman las trabas burocráticas a los transgénicos en nuestro país, la UE se quedará definitivamente descolgada del ritmo de los grandes países americanos y algunos asiáticos, como India y China. Si se trajeran a España todas las hectáreas de tierra cultivadas con transgénicos en todo el mundo en 2010, habría que recorrer el país desde Huelva hasta Girona y desde Cartagena hasta A Coruña atravesando un tupido campo de mazorcas de maíz, hilachas de algodón y granos de soja con sus genes modificados en el laboratorio. Y todavía faltarían otras dos Españas.

El año pasado, la cifra de transgénicos plantados en el mundo rozó por primera vez los 1,5 millones de kilómetros cuadrados. El 80% de la soja que se planta en el planeta ya es transgénica. Y el 65% del algodón. Y el 30% del maíz.

La UE, voluntariamente, se ha quedado fuera de este boom. En 1998, Bruselas aprobó el cultivo del maíz con genes modificados por la multinacional estadounidense Monsanto para ser resistente a la plaga del taladro. Desde entonces, nada. La UE sólo aprobó en 2010 una patata transgénica de la química alemana BASF, cuyo uso será residual, para obtener almidón para las industrias del papel, textil y de adhesivos.

Casi la mitad de todo lo plantado se encuentra en EEUU. Y el resto se reparte entre Brasil, Argentina, India y Canadá. El primer país europeo en esta lista es España, en el puesto 16, según el último informe del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas. Además de cultivar maíz, España lo importa de EEUU y Argentina, igual que la soja y la colza transgénicas, cuya siembra no está autorizada en nuestro país.