La Audiencia Nacional tiene pendiente decidir si obliga a Google, tal y como le pide la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a eliminar de su buscador las referencias a los ciudadanos que no quieren aparecer en él. Pero antes ha abierto un periodo de alegaciones a las partes en las que les pregunta sobre la conveniencia de plantear varias cuestiones al Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Para Google, el simple hecho de plantearse elevar esa cuestión prejudicial a Europa ya supone una buena noticia. La compañía interpreta que la Audiencia Nacional no tiene claro si la AEPD está actuando conforme al derecho comunitario.

La Audiencia pide ayuda al Tribunal Europeo al considerar que puede haber dudas interpretativas del derecho europeo y que su resolución afectaría a otros países. Google tiene a su favor tres fallos en Italia, Bélgica y Francia que, según la compañía, tratan casos muy similares a los españoles. En el primero fue la propia agencia de protección de datos nacional la que dio la razón al buscador. En los otros dos, dirimidos en los juzgados, los tribunales de primera instancia hicieron lo mismo. En España la AEPD ha dado la razón a los 93 ciudadanos que quieren que Google les elimine del índice de su buscador, y la Audiencia, a petición de Google, sólo se está enfrentando a los cinco primeros casos.

La Agencia insiste en que el buscador debe cumplir la legislación española

La Agencia no detalla qué argumentos expondrá en sus alegaciones ante la Audiencia Nacional, pero insiste en que el buscador tiene que cumplir con la legislación española y que, en este caso, no se está sometiendo a ella. "La ausencia de derecho al olvido en internet puede entrañar perjuicios personales importantes", explican. Pero la AEPD y Goo-gle hablan lenguajes muy diferentes para referirse al mismo tema. Mientras la primera señala casos de nombres de personas que aparecen asociados a indultos, concesión de subvenciones a drogodependientes o víctimas de violencia de género, Google considera que eliminar esos enlaces supondría una forma de censura y que lo que se tendría que hacer, si se considera necesario, es eliminar el contenido original donde se nombra a esos ciudadanos. De esa forma, explica, sus robots dejarían de indexar esa información.

El debate del derecho al olvido no se circunscribe a España. El caso de la Audiencia Nacional puede constituir, de hecho, un novedoso precedente. En la actualidad hay un proceso paralelo europeo abierto para renovar la directiva de protección de datos que se redactó en 1995. La Agencia explica que "el derecho a ser olvidado ha sido incorporado por la Comisión Europea en el apartado de reforzar el control sobre los propios datos", un hecho que se plantea necesario ante la expansión de internet, según reconocen las agencias de privacidad de todo el mundo.