Activistas de la organización ecologista Greenpeace sobrevolaron este martes a bordo de paramotores la central nuclear de Garoña (Burgos) y depsoitaron botes de humo sobre el edificio del reactor para poner en evidencia la 'inseguridad' de las instalaciones.

Greenpeace llevó a cabo esta acción en el Día del Medio Ambiente y sólo unos días después de presentar alegaciones al proyecto de orden de revocación de la Orden Ministerial que establece el cierre de Garoña para el 6 de julio de 2013.

Además, coincide con la ampliación del plazo de revisión más detallada de las pruebas de resistencia, promovida por la Comisión Europea, después de que haya indicado que 'el proceso se prolonga para llevar a cabo nuevas inspecciones y para proponer medidas para mejorar la independencia de los reguladores nacionales a nivel europeo'.

Greenpeace considera irresponsable que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo plantee la reapertura de la central nuclear de Garoña porque supone un 'claro riesgo', como consideran que se ha demostrado hoy.

 'Si el Gobierno reabre Garoña todos los riesgos los asumimos los ciudadanos y todos los beneficios se los quedan Iberdrola y Endesa'

Además, el grupo ecologista considera que es una instalación amortizada, que las pruebas de resistencia de la Unión Europea no han terminado y que los consumidores pagan a Endesa y a Iberdrola, propietarias de la central, el precio más caro del mercado por la electricidad que produce.

De hecho, Greenpeace ha señalado que la ampliación de la explotación de Garoña es contraria a la protección y gestión de la seguridad de la ciudadanía, y a los intereses económicos y energéticos de España.

Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, afirmó: 'Si el Gobierno reabre Garoña todos los riesgos los asumimos los ciudadanos y todos los beneficios se los quedan Iberdrola y Endesa'.

La organización ecologista ha recordado en un comunicado que los datos confirman la inseguridad de la energía nuclear.

Aluden a un estudio del Instituto Max Planck, publicado el pasado 12 de mayo, que concluye que un accidente nuclear catastrófico como el de Fukushima o el de Chernóbil puede producirse en algún lugar del mundo una vez cada 10 o 20 años.

Greenpeace incide también en su comunicado en que el proceso de las pruebas de resistencia a las centrales nucleares, incluida Garoña, está sin verificar, sin implementar y sin concluir.

Añaden que, en caso de accidente, la contaminación ambiental puede afectar no solo a áreas próximas a la central, sino a grandes distancias, tal y como se observa en simulaciones, en cuyo caso, ni las normativas, ni los planes de emergencia están preparados.

Según el grupo ecologista, la central de Garoña no aporta beneficio económico a la sociedad, pese a que ha sido la ciudadanía la que ha pagado las inversiones y compensaciones, a través de la tarifa eléctrica, a esta instalación que ya está amortizada, como ha afirmado la Comisión Europea.

Además, los ciudadanos seguirán pagando el precio más caro del mercado por la electricidad que produce Garoña, de manera que no obtendrán ningún beneficio económico con la ampliación de la explotación, mientras sí tendrían que asumir el coste de la custodia casi indefinida de los residuos nucleares tras la finalización de la explotación, debido a que el mantenimento de Garoña más allá de 2013 aumentaría el volumen de esos residuos.