El Ministerio de Industria no envió al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) los informes que pedían "una modificación del actual sistema de refrigeración" de la central burgalesa de Garoña si se prorrogaba su actividad más allá de 2009, elaborados el 1 de julio de aquel año por el Ministerio de Medio Ambiente. Tan sólo un día después, el Gobierno anunció una prórroga de cuatro años para la planta atómica, hasta 2013.

Los informes, de la secretaría de Estado de Cambio Climático y de la Confederación Hidrográfica del Ebro, advertían de que la refrigeración del reactor "se enfrenta al riesgo de carecer de garantías ante épocas de sequía" y recordaban que la central ya tuvo que parar en julio de 2006 por falta de caudal en el Ebro. La planta toma 25.000 litros por segundo del río para enfriar su núcleo y luego los devuelve con un ligero incremento de temperatura.

Medio Ambiente recomendó un cambio del sistema de enfriamiento

Tres semanas antes de la elaboración de estos documentos de Medio Ambiente, el CSN había considerado seguro el funcionamiento de la central y había dado el visto bueno a la prórroga de su actividad hasta 2019. La planta es gemela de Fukushima, donde el tsunami arrasó el sistema de refrigeración.

Pese a que la secretaría de Estado de Cambio Climático subrayaba que "el agua es un elemento crítico para la seguridad de la planta", Industria no envió el documento al CSN, el organismo encargado en España de evitar fallos del parque nuclear, porque no consideró que plantease "un riesgo para la seguridad de la central", según un portavoz del Ministerio. Fuentes del CSN explican que, en cualquier caso, la central está obligada a parar si detecta un aumento excesivo de la temperatura en el Ebro, provocado o no por una caída del caudal, como ya ocurrió en julio de 2006.

El Gobierno tiene 20 días para decir si la central calienta en exceso el Ebro

Fuentes del sector atómico interpretan los informes de Medio Ambiente como "una maniobra del Gobierno para justificar el cierre de Garoña", frente al criterio pronuclear del ministro de Industria, Miguel Sebastián.

Por otro lado, el Gobierno tiene 20 días para responder si el agua devuelta por Garoña tras refrigerarse "calienta el Ebro diez grados más de lo permitido", como denunció el miércoles Greenpeace y rechazó inmediatamente la planta atómica. La diputada Núria Buenaventura del grupo parlamentario de Esquerra Republicana, IU e Iniciativa per Catalunya Verds preguntó el miércoles en el Congreso al Ejecutivo por este supuesto incremento de la temperatura e inquirió por las razones para no "revocar de forma inmediata" el permiso para verter las aguas de refrigeración de Garoña al río Ebro. El reglamento del Congreso establece un periodo de 20 días para contestar, aunque las respuestas se pueden demorar meses.

La Confederación "analizará" la veracidad de los datos recogidos por el informe de Greenpeace, según anunció el miércoles por la noche. Hace un año, en febrero de 2010, el CSN ya acusó a la ONG de crear "una alarma innecesaria" tras informar de una supuesta fuga de agua radiactiva en la central.