Este artículo se publicó hace 14 años.
Los internautas llevarán al Constitucional la 'ley Sinde'
Las dos principales asociaciones del sector lo han anunciado en su comparecencia en el Senado
Servimedia
Los internautas reiteraron hoy en el Senado su total oposición a la llamada ley Sinde , en trámite parlamentario, y advirtieron de que no quieren que se mejore en las Cortes, sino que "se retire", por lo que aseguraron que si finalmente sale adelante la llevarán a los tribunales.
Así lo manifestó en una rueda de prensa posterior a su comparecencia en la Cámara Alta el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo, quien reiteró que su objetivo es "la retirada" de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible, que recoge las medidas de protección de la propiedad intelectual y contra la piratería en la Red.
En este sentido, Miguel Pérez, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, subrayó en la rueda de prensa que si la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible sale adelante, los usuarios de Internet la llevarán al Tribunal Constitucional, al de Derechos Humanos y al de Defensa de la Competencia.
Mientras la norma sigue su curso en el Parlamento, Domingo y Pérez estarán "muy pendientes" de las protestas que se están manifestando en la Red, que, según ellos mismos dijeron, está "en estado de convulsión".
Entre las acciones que propone el Gobierno para acabar con la piratería en la Red figura la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura para mediar, arbitrar y salvaguardar los derechos de propiedad intelectual.
Esta comisión será, si no se modifica la proposición del Ejecutivo en el trámite parlamentario, la que recibirá las denuncias de quienes consideren que se están vulnerando sus derechos de autor y las analice para iniciar, si procede, la apertura del correspondiente expediente administrativo.
Este expediente se enviará posteriormente a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que será la que centralice las denuncias. Una vez recibida la documentación, el juez tendrá un plazo de cuatro días para ordenar o no el bloqueo de la web denunciada.
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