La Asociación Francesa de Internet de Servicios Comunitarios (ASIC), de la que forman parte las empresas más importantes de Internet, mantiene un pulso legal para abolir una ley en Francia que obligaría a los servicios web a almacenar obligatoriamente durante un año los datos de los usuarios. Compañías como Google o Facebook, miembros de la ASIC, quieren evitar esta ley amparándose en que no se ha aprobado siguiendo las directrices europeas y en que no tiene en cuenta los costes que generará.

La ley que ha causado el conflicto afecta a la conservación de datos de usuarios en páginas webs. La normativa obliga a las páginas a conservar durante un año datos como el nombre de usuario, la contraseña o el registro de actividades. Si los usuarios cambian el nombre o su clave, se deberán conservar sus datos durante 12 meses más. El origen de esta ley radica en que las compañías tengan un registro de información que puedan facilitar a la policía en casos de investigaciones que así lo requieran.

Las más de 20 empresas que componen ASIC consideran que la ley no ha pasado los trámites oportunos para confirmar su legalidad. "No hubo consulta a la Comisión Europea. Nuestras empresas se basan en varios países europeos", ha explicado el presidente de ASIC, Benoit Tabaka. ASIC también denuncia que las autoridades francesas no han tenido en cuenta el coste de las medidas que imponen a las empresas. El almacenamiento de los datos de todos los usuarios franceses durante un año requiere una capacidad superior a la actual e implicaría que las compañías tengan que contratar nuevos equipos y servicios.

Las compañías como Facebook y Google además han planteado críticas a la ley en lo que respecta a la privacidad. En medio de la polémica sobre el derecho al olvido en Internet, las compañías consideran que esta ley limitaría su aplicación y generaría nuevas críticas en materia de privacidad. Las compañías, representadas por ASIC, han emprendido acciones legales para evitar la aplicación de esta ley en Francia. Las reclamaciones han sido escuchadas por la justicia del país y el caso va a ser tratado por el Consejo de Estado, el máximo órgano judicial de Francia.