La zona de evacuación ya es zona de exclusión obligatoria. El entorno de la central nuclear de Fukushima Daiichi, en un radio de 20 kilómetros, quedó vetado para los civiles desde la medianoche del jueves. El anuncio lo hizo el primer ministro japonés, Naoto Kan, precisamente durante su visita a la prefectura de Fukushima, en la que se entrevistó con algunos de los evacuados por la catástrofe.

Los habitantes de la zona de exclusión, que hasta ahora no estaban obligados legalmente a abandonar el lugar, contarán con un permiso especial para regresar durante un corto espacio de tiempo a sus hogares, una opción que se abrirá dentro de "unos pocos días", según fuentes gubernamentales recogidas por Kyodo.

Quienes violen el veto se exponen al arresto y a multas de casi 900 euros

Quienes se atrevan a violar el veto se exponen a un arresto policial y a una multa de 100.000 yenes (casi 900 euros), aunque el primer ministro se mostró seguro de que contará con la colaboración de los ciudadanos antes de tener que utilizar medidas imperativas. Kan, que pidió "comprensión" a las comunidades evacuadas, fue duramente criticado por los refugiados a los que visitó en un centro de emergencia, ya que, a su entender, el Gobierno no está haciendo lo suficiente por controlar la crisis desatada en la planta nuclear.

Tepco, la compañía que opera en la central deFukushima, pretende apagar en frío los reactores afectados antes de que acabe el año, una predicción que los expertos consideran optimista.

Las críticas contra la gestión de la crisis siguen creciendo en Japón, lo que ha obligado a tomar medidas a las autoridades, que a partir del lunes realizarán ruedas de prensa comunes. Para evitar mensajes contradictorios, atenderán conjuntamente a los medios la compañía Tepco, la Agencia de Seguridad Industrial y Nuclear (NISA) y la Comisión de Seguridad Nuclear. También el jueves, el Gobierno japonés y el Organismo Internacional para la Energía Atómica acordaron mejorar el flujo de información entre ambos.

El Gobierno nipón estudia ayudar a Tepco a pagar las indemnizaciones

En este contexto, Tepco reconoció que entre el 1 y el 6 de abril liberó al mar 520 toneladas de agua con una radiación que superaba 20.000 veces el límite legal para una central atómica.

Allí, en Fukushima, se empiezan a alzar las voces de algunos trabajadores que, agotados tras semanas sometidos a un gran estrés y altos niveles de radiactividad, demandan mejorar su situación.

Tepco se está planteando recortar un 20% el salario a todos sus trabajadores para poder afrontar el pago de las indemnizaciones por la catástrofe. Según Kyodo, el Gobierno se plantea apoyar económicamente a la compañía para que pueda encarar el pago, que se calcula que rondará los 9.000 millones de euros.