Fue una de las condiciones que Izquierda Unida puso por delante tanto al PSOE como al PP tras las elecciones autonómicas en Extremadura: ni un euro público a la Refinería Balboa, el proyecto del Grupo Gallardo que incluye la construcción de un oleoducto desde el puerto de Huelva hasta la comarca de Tierra de Barros, en la provincia de Badajoz. Ayer, esa condición, aceptada verbalmente por el presidente conservador, José Antonio Monago, se materializó formalmente en la Asamblea de Extremadura. La Cámara autonómica aprobó con los votos a favor del PP e IU, y la oposición del PSOE, una propuesta presentada por la federación de izquierdas que insta al Gobierno extremeño a no aportar más dinero público a una infraestructura, muy próxima a Doñana, fuertemente cuestionada desde el punto de vista medioambiental.

IU también pidió ayer en esa propuesta que la Junta de Extremadura recuperase el 20% de su participación en el capital social de la empresa comprometido por el entonces presidente socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Esta segunda parte fue retirada tras una enmienda presentada por el PP, porque, como reconoció incluso IU, suponía romper un contrato por parte de la Administración con la empresa que conllevaría más perjuicios que beneficios. En la práctica, por tanto, la propuesta aprobada ayer no supone la retirada de ese capital pero sí el punto final a hipotéticas ayudas o a futuras ampliaciones de la participación de la Junta, que se suma a la fuga de algunos accionistas privados como Iberdrola de un proyecto que supondría una inversión de más de 2.000 millones de euros.

No obstante, más allá de la retirada del aval económico, la decisión de ayer supone un rechazo político que puede traducirse en la agonía de un proyecto renqueante desde hace años y que aún está pendiente de la autorización del Gobierno central. "Ya estaba casi muerta. Pero lo de hoy [por ayer] es la confirmación de que la refinería ha entrado en la vía muerta", resumió ayer a Público el diputado de IU Víctor Casco.

Tras un rechazo inicial en su época de candidato, la postura mantenida últimamente por el ya presidente Monago ha sido, independientemente de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no aportar ni un euro público. "No vamos a poner obstáculos al proyecto ni vamos a descalificarlo, pero tenemos otras prioridades a las que destinar los fondos públicos. Si la refinería cumple con la ley, adelante, pero no con el dinero de la Junta, sino como una actividad privada", explicaron a este periódico fuentes del Grupo Popular de Extremadura.

El Grupo Gallardo restó ayer importancia a la decisión del Gobierno extremeño. "No pone en peligro el proyecto, ya que Refinería Balboa tiene suficiente atractivo para atraer nuevos inversores, no sólo por la rentabilidad económica, sino por las sinergias que generará en toda su área de influencia y por la creación de puestos de trabajo", defendió la empresa a través de un correo electrónico. La empresa calcula que creará 3.000 empleos directos durante los tres años que dure su construcción y una cifra similar entre directos e indirectos una vez la planta esté operativa. "En unos momentos en los que son necesarias tanto la inversión como la creación de empleo, este proyecto es fundamental para Extremadura", añade el correo, donde se recuerda que Monago ya lo había advertido y que, de alguna forma, lo esperaban debido a la situación de crisis.

El PSOE de Extremadura, siempre a favor de la infraestructura con Ibarra a la cabeza, sí reconoce abiertamente que la decisión de la Asamblea afecta de forma negativa al oleoducto. "Supone la desautorización del conjunto de la sociedad extremeña al proyecto", admitió a este diario el diputado socialista Miguel Bernal. Su partido, sin embargo, considera que desde algunos sectores, y especialmente desde IU, se está intentando confundir sobre el asunto: "No se le ha regalado ningún incentivo ni ayuda a fondo perdido. La participación pública en el capital social de la empresa supondrá a su vez un beneficio público", añadió Bernal.

Dejando en un segundo plano el impacto medioambiental, el PSOE de Extremadura considera que un proyecto tan complejo como este requiere el apoyo económico y político por tres razones: porque supondría la vertebración de un sector, el industrial, aún débil en la comunidad; por la fuerte influencia que tendría sobre el empleo; y por su aportación al Producto Interior Bruto (PIB) regional. "Hay que darle alas, aliento a este proyecto, apoyo político y económico sin que eso signifique donar dinero público al sector privado", añadió el socialista.

¿Y seguirán apoyándolo si el Gobierno emite una DIA negativa? Bernal asegura que emplazarían a la empresa a corregir las deficiencias. "Siempre pusimos dos condiciones: el cumplimiento de la normativa medioambiental y que no afecte negativamente a las producciones tradicionales", añadió.

Muy difícil lo tiene el proyecto tal y como está previsto para conseguir una DIA positiva. Hace apenas dos semanas, el Consejo de Participación de Doñana, compuesto por los sectores sociales, políticos y económicos del parque, también manifestó su rechazo a un proyecto considerado un despropósito por distintos informes técnicos, entre ellos los redactados por la Consejería andaluza de Medio Ambiente. "Si el Gobierno del PSOE no lo ha aprobado, no creo que ahora lo apruebe el nuevo Gobierno del PP", reflexionó el diputado de IU.

Las organizaciones ecologistas, que pidieron sin éxito una DIA negativa a Rosa Aguilar antes de dejar el Ministerio de Medio Ambiente, aplaudieron ayer la decisión. En un comunicado, Ecologistas en Acción lamentó "la falta de voluntad política o la valentía suficiente" del anterior Gobierno para dar el cierre definitivo al proyecto.