¿Qué lleva el agua del grifo?

“Todo lo que cae por los desagües, desde fregaderos, lavadoras, talleres, limpieza de calles, piscinas, pesticidas de la agricultura y los jardines, duchas, inodoros... va a parar a las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). De allí, va a los ríos y, luego, a los embalses”, explica a Público Carlos de Prada, director de la iniciativa Hogar sin tóxicos, divulgador ambiental, Premio Global 500 de la ONU y Premio Nacional de Medio Ambiente.

Antes de volver a salir por el grifo de tu lavabo o de la cocina, tiene que pasar por una estación de tratamiento del agua potable (ETAP), donde se somete a filtrado y cloración.

Hasta ahí, bien. El problema es que las EDAR y las ETAP pueden eliminar algunos de los compuestos químicos del agua, pero no pueden filtrarlos todos y algunos pueden pasar, aunque sea en bajas concentraciones. Hablamos de metales pesados, retardante de llama, pesticidas, ftalatos, bisfenoles, fármacos que eliminamos por la orina, PFA (siglas de compuestos perfluorados y polifluorados)...

Los tragamos a diario

Los PFA, en concreto, se conocen como “tóxicos eternos o persistentes” porque son muy difíciles de eliminar por el cuerpo –se acumulan en los tejidos de los seres vivos–, son casi imposibles de degradar y una pesadilla para las plantas de tratamiento, que muchas veces no son capaces de interceptarlos debidamente.

Hay nada menos que 12.000 tipos de PFA en el mercado. Están en todas partes: textiles hidrófugos o antimanchas, pesticidas, utensilios de teflón, alimentos envueltos en ciertos envases, cosméticos, césped artificial, espumas antiincendios, moldes para pasteles, hilo dental y un larguísimo etcétera que, cuando se lava, cuando se riega o cuando llueve, va a parar a los desagües.

“Los sistemas de depuración del agua más eficientes, como el de ósmosis inversa con carbón activado, son muy caros, por lo que hay municipios que no los usan”, señala De Prada. La Federación Europea de Asociaciones de Servicios de Agua, EurEau, de hecho, ha alertado de la dificultad de eliminación de estos contaminantes y del alto coste que supondría.

Efecto en la salud

“Los europeos estamos alarmantemente expuestos a los PFA”, reconoce un informe del proyecto de la Comisión Europea de Biomonitorización Humana HBM4EU. Y, precisamente, el agua y los alimentos son nuestras principales vías de exposición, según el mismo organismo y un estudio publicado en Nature en 2023.

Su efecto en el organismo es de lo más indeseable. Según la Endocrine Society, una prestigiosa organización que reúne a endocrinos de todo el mundo, los PFA pueden provocar cáncer, alteración de los niveles de colesterol, del tiroides, del hígado y los riñones, de las hormonas reproductivas, de la respuesta inmunitaria y del neurodesarrollo.

Sabemos también que afectan a las hormonas sexuales y tiroideas en adolescentes. “Se encuentran en la sangre de todos los españoles”, afirma a Público el profesor Nicolás Olea, catedrático de Medicina Física de la Universidad de Granada y coautor de varios de los estudios internacionales al respecto. “Los hemos encontrado incluso en la leche materna y en la placenta”, añade.

¿Cómo lo permiten las autoridades?

¿Y qué hacen en el agua potable? “La presencia de muchos contaminantes está ahí, lo que se controla es que no superen ciertos niveles máximos permitidos”, nos explica De Prada. En este sentido, el año pasado, el Real Decreto 3/2023, de 10 de enero indica que cuatro tipos de PFA no podrán exceder de 0,07 microgramos –70 nanogramos– por litro. Mientras, la Directiva Europea sobre calidad de agua para el consumo humano marca un tope de 100 nanogramos por litro para 20 tipos de PFA.

¿Es suficiente? Los datos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sugieren que no: en 2020 publicó un informe donde fijaba el la ingesta semanal tolerable en 4,4 nanogramos por kilo de peso corporal para cuatro de estos compuestos. Haciendo caso de esta advertencia, países como Dinamarca, Suecia, Bélgica y Países Bajos han marcado el umbral máximo permitido de PFA en el agua potable entre 2 y 4,4 ng/l. Una cifra que en España se multiplica por 20.

Para cumplir el citado decreto en España, eso sí, primero tendrán que implementarse métodos de medida de los contaminantes y, luego, cuando los niveles exceden el límite, buscar las fuentes de donde vienen y reducirlas, “si se puede”, apostilla Olea. “Esto cuesta una pasta y no saben todavía cómo van a pagarlo”.

No hay límite seguro

Pero, aun cuando se cumpliera la norma a rajatabla, el problema no acabaría aquí. “Aunque hay decenas de sustancias prioritarias que la UE obliga a controlar, buena parte de los contaminantes presentes en el agua ni siquiera están monitorizados. Solo se vigila una pequeña fracción de todos los que hay”, alerta De Prada.

Por otro lado, muchos expertos, como los firmantes de la Declaración de Berlaymont, advierten de que no hay nivel claramente inocuo de muchos PFA. “El problema es que estos tóxicos tienen un efecto en el organismo aun en dosis muy pequeñas. No podemos hablar de umbrales seguros”, alerta Olea.

“Hace más de una década que sabemos que son disruptores endocrinos; es una irresponsabilidad que no se hayan prohibido todavía”, denuncia.

El agua embotella, de Málaga a Malagón

¿La solución? Empecemos por lo que no lo es. "El agua embotellada no mejora las cosas", recalca Nicolás Olea. Según un estudio reciente publicado este año en PNAS, los envases de un litro de agua contienen entre 110.000 y 370.000 fragmentos de plástico detectables que pueden viajar a través de la sangre y acumularse en los órganos del cuerpo.

Además, “sus envases pueden liberar sustancias que también son disruptores endocrinos, como antimonio y ftalatos, entre otras”, añade De Prada. Encima, “el 99% del agua embotellada es agua municipal filtrada. No te la traen de la fuente prístina de la Virgen del Carmen”, recalca Olea.

Soluciones de final de tubería

Monitorizar los contaminantes, como contemplan la directiva europea y las regulaciones nacionales, e investigar en tecnologías capaces de filtrarlos está muy bien, pero requiere desarrollos caros que quizá pagaríamos los contribuyentes con impuestos o en la factura del agua.

Hogar sin tóxicos propone que se cumpla la ley europea y que quien contamine, pague. Es decir, que sean las empresas químicas que se benefician produciendo y comercializando estas sustancias venenosas quienes cubran los gastos.

Pero no dejan de ser “soluciones de final de tubería”, como las llama De Prada. “Lo prudente sería eliminar los PFA en origen, en vez se tratar de lidiar con ellos después”, resalta. Prohibir o restringir severamente el uso de muchas de estas sustancias es lo que piden organizaciones como Hogar sin tóxicos, European Environmental Bureau o, incluso, una propuesta de varios países europeos dentro de la Estrategia de Productos Químicos para la Sostenibilidad.

Mientras tanto, “¿quién va a pagar la factura de los trastornos reproductivos, tiroideos, de obesidad o pubertad precoz que producen?”, se pregunta Olea.