Como es conocido, el Gobierno utilizó el año pasado una de las Disposiciones Finales de la LES para colocar una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que, quitándole la competencia a los jueces, otorgaba a una sección de una comisión del Ministerio de Cultura la potestad de decidir el cierre de una página web bajo la excusa de que vulnerase la propiedad intelectual o, dotando de bola de cristal a la referida sección, que la web "haya causado o sea susceptible de causar un daño patrimonial".

Tras el revuelo que tal iniciativa generó, posteriormente hemos podido conocer más datos de cómo se gestó el proyecto de ley: a través de la embajada de EEUU en Madrid. Los cables publicados por Wikileaks nos van contando cómo la ministra de Cultura, Angeles González-Sinde; el ministro de Industria, Miguel Sebastián, y el director general de Industrias Culturales, Guillermo del Corral, van pasando por la embajada de EEUU y van cumpliendo al dedillo lo que se les instruye desde allí, que es la elaboración de una Ley Antidescargas.

Además, la tramitación en el Congreso de los Diputados se está realizando mediante la competencia legislativa plena de la Comisión de Hacienda, evitándose la sesión del pleno.

Confluye en esta norma que se le impide a un ciudadano la posibilidad de defenderse ante un juez, que busca la defensa de los intereses industriales norteamericanos y que en su tramitación se elude la discusión en el pleno del Congreso. Y, como siempre, no se estudia el problema de fondo que es cómo realizar la reconversión de todo un sector industrial.

Legislar de esta manera tiene graves inconvenientes ya que se legitima la desobediencia de las leyes y se genera el desprecio hacia las instituciones. Lo que no conocemos todavía es la factura social que produce esta forma de gobernar, pero los augurios no son buenos: no se resuelven los problemas y el propio acto de legislar se convierte en algo obsceno.