Mariano Rajoy ha conseguido en una semana lo que José Luis Rodríguez Zapatero no se atrevió a hacer en dos legis-laturas. El Consejo de Ministros aprobó la construcción del polémico almacén temporal centralizado (ATC) de residuos radiactivos en Villar de Cañas, un pequeño pueblo de Cuenca a 135 kilómetros de Madrid. Allí se guardarán durante 60 años las 6.700 tone-ladas de desechos atómicos generados en los reactores españoles.

Aparentemente, Rajoy ha pasado por encima de la secretaria general del Partido Popular y presidenta castellano-manchega, María Dolores de Cospedal, que en 2010 declaró: "No debe producirse la instalación del cementerio nuclear en Castilla-La Mancha". Sin embargo, fuentes del ante-rior Gobierno explican que Cospedal, "nunca en público, siempre por lo bajini", había mostrado su interés por acoger el almacén, que supone una inversión de 750 millones de euros y la creación de 300 empleos directos. Villar de Cañas, con apenas 450 habitantes, tiene 19 pequeñas empresas y 27 parados.

La presidenta de Castilla-La Mancha mostró interés ante el anterior Gobierno

El portavoz del Gobierno de Cospedal, Leandro Esteban, calificó la elección de "magnífica noticia". El PSOE de Castilla-La Mancha, que ha rechazado el ATC desde el principio, se mostró "radi-calmente en contra" de que Cuenca se convierta en el "estercolero nuclear de España".

Aplausos del lobby atómico

Las eléctricas propietarias de las centrales (Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa y HC Energía), agrupadas en el Foro Nuclear, se apresuraron a celebrar la elección de Villar de Cañas. "Este almacén supone un impulso y proyección importante para el futuro nuclear de España", declaró la presidenta del lobby atómico, María Teresa Domínguez.

En público, Cospedal pedía que el ATC se construyera fuera de su comunidad

Villar de Cañas era la cuarta opción según un informe técnico elaborado por el anterior Gobierno, tras Zarra (Valencia), Ascó (Tarragona) y Yebra (Guadalajara), aunque el documento admitía "escasas diferencias" entre estos candidatos. El anterior ministro de Industria, Miguel Sebastián, intentó en 2010 aprobar la elección de Zarra, pero la entonces vicepresidenta primera y diputada por Valencia, María Teresa Fernández de la Vega, paralizó la decisión.

Desde entonces, Zapatero y Rubalcaba se empeñaron en aparcar el almacén nuclear "por miedo a un impacto electoral" en los comicios del 20 de noviembre, según las fuentes del anterior Gobierno. Tras la victoria del PP, el Ejecutivo de Zapatero en sus últimos ester-tores "se planteó aprobar Zarra pese a estar en funciones, pero se descartó porque se juntó con la polémica de la ley Sinde", siempre según las mismas fuentes. Sebastián había llegado a un acuerdo con el president de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, gracias a la intermediación del exministro conservador Federico Trillo. La dimisión de Camps por el caso Gürtel y el adelanto de las elecciones abortaron el proceso.

Sebastián, que asumió el peso de ubicar el almacén nuclear con pocos apoyos en el Gobierno socialista, se mostró sorprendido por la selección de Villar de Cañas en lugar de Zarra, pero la aplaudió. "Es una decisión muy valiente que había que tomar ya. Villar de Cañas es una muy buena localización, como también lo eran Zarra y Yebra", explicó Sebastián a Público.

Zapatero se planteó llevar el depósito a Valencia estando en funciones

El pueblo de Cuenca, gobernado por el PP, era uno de los candidatos "más idóneos", según el informe técnico. La actividad sísmica es baja y no se han observado riesgos de inundación. En el principal río de la zona, el Záncara, no existen presas ni embalses aguas arriba. El único espacio protegido relevante en el pueblo, según los técnicos, es la Laguna del Hito, una zona de especial protección para las aves situada a ocho kilómetros.

La estación de ferrocarril más cercana a Villar de Cañas es la de Tarancón, a 53 kilómetros, por lo que, previsiblemente, el transporte de los desechos de las centrales hasta el almacén se hará por carretera. En sus informes preliminares, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) calcula que en los 20 años siguientes a la apertura del ATC unas 650 caravanas con basura atómica circularán por las carreteras españolas.

Según Enresa, el riesgo es prácticamente nulo. Desde 1970, caravanas con 100.000 toneladas de residuos atómicos han recorrido 30 millones de kilómetros en todo el mundo, sin ninguna fuga.

El PSOE de Barreda rechaza que Cuenca sea "el estercolero nuclear" del país

Enresa apremió en 2006 al Gobierno para que construyera un almacén único, ante la saturación de las piscinas de algunas centrales, donde se guarda temporalmente el uranio quemado en los reactores. El atasco político, no obstante, obligó a la planta valenciana de Cofrentes a ampliar su piscina y a la de Ascó a construir un almacén propio dentro de la central.

Las prisas desaparecieron, pero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dio en noviembre a Rajoy el argumento técnico perfecto para forzar la creación del ATC. Con los votos de los tres consejeros del CSN nombrados por el PP y CiU y el rechazo de las dos del PSOE, el policía del sector atómico en España anunció su intención de sacar los residuos nucleares de las piscinas de las centrales para evitar complicaciones en caso de accidente, como ha ocurrido en Fukushi-ma. Y para extraer de las albercas el uranio hay que tener otro lugar donde meterlo.

Además, el ATC es un requisito fundamental para prolongar la vida de las nucleares más allá de los 40 años, como quiere el PP. El jueves, el ministro de Industria, José Manuel Soria, insinuó una prórroga del reactor burgalés de Garoña, cuyo cierre en 2013 fue decretado por Zapatero. "Cerrarlas supone una infrautilización de un tipo de energía que ya está amortizada", señaló Soria sobre las nucleares.

Miguel Sebastián aplaude "una decisión muy valiente"

El ATC podría estar listo alrededor de 2015. España se unirá entonces a otros nueve países que han optado por este tipo de almacenes temporales para guardar sus residuos atómicos, como Francia, Japón y Reino Unido. El modelo para el ATC español es el Habog holandés, cuyas paredes de 1,7 metros de hormigón pueden resistir el choque de un caza F-16. Por no disponer hoy de un almacén, Enresa paga a Francia cada día, desde el 1 de enero de 2011, unos 65.000 euros como penalización por no recuperar 2.000 toneladas de residuos radiactivos enviados al país galo hasta 1994 tras el cierre de la central de Vandellós I, en Tarragona.

Millones para la eólica

Greenpeace rechazó el paso adelante de Rajoy para construir el ATC al considerarlo "un riesgo innecesario". Los informes de Enresa dicen lo contrario: "El riesgo de la dispersión [el almacenamiento en las piscinas de las seis centrales españolas] se ha calculado infinitamente mayor al del transporte".

Los ecologistas, que proponen levantar un almacén propio en cada central, creen que el ATC "sólo supone un beneficio para los dueños de las nucleares, que se ahorrarán con el derroche de dinero público parte de la gestión de los residuos nucleares", según su portavoz Raquel Montón. El ATC se pagará con un fondo para la gestión de residuos radiactivos administrado por Enresa, que cuenta con más de 2.500 millones de euros. Hasta 2005, los consumidores llenaban este fondo a través del recibo de la luz. Desde entonces, pagan directamente las propietarias de las centrales.

El expresidente castellano-manchego, José María Barreda, recordó que Iberdrola proyecta invertir en Cuenca 2.000 millones de euros en parques eólicos con una potencia de 1.300 megavatios, más que una nuclear. "En Castilla-La Mancha estamos ya hartos de que nos tomen por tontos y nos prometan inversiones a cambio de lo que no quiere nadie en España", declaró Barreda sobre el ATC.