Los recortes de sueldo que el Gobierno está llevando a cabo en los empleados públicos han saltado al ámbito europeo. Científicos españoles que participan en proyectos de investigación de la Unión Europea (UE) denuncian que sus salarios están siendo recortados a pesar de que éstos vienen directamente de Bruselas. Clara –nombre ficticio porque teme represalias por sus declaraciones– trabaja en uno de estos proyectos europeos desde el pasado mes de marzo, en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC). Esta química de 26 años explica que la burocracia asociada a la solicitud de fondos europeos es realmente abrumadora, "debiendo detallar de antemano el sueldo de todos y cada uno de los participantes en el proyecto". En base a toda esa documentación, la UE concede una determinada financiación para cubrir exclusivamente los costes del proyecto descrito en la solicitud. Sin embargo, Clara asegura que "tras el anuncio por parte del Gobierno de nuevos recortes a los empleados públicos" ya cobró menos en agosto y no tendrá la paga extra de Navidad. La investigadora no entiende "dónde va a parar un dinero que nos quitan y que únicamente se concedió para gastarlo en este proyecto, no en ninguna otra cosa". Federico Soria, el director del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, justifica estos recortes explicando que "el sueldo de los investigadores lo paga el Estado, no Europa" y remite al artículo 18.2 de la Ley 13/1986 de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, "que contó con la aprobación de todo el mundo, incluidos los sindicatos". Tal y como explica Soria, "esta ley abre la puerta a solicitar un sobresueldo en este tipo de proyectos para poder dedicarlo a otros fines". Tanto es así, que el responsable asegura que "el 99% del sueldo de estos científicos en proyectos europeos viene del Estado y sólo un 1% de Europa; de hecho, –amplía– de ese sobresueldo solicitado al investigador no le llega ni el 10%". Soria admite que "es una pequeña trampa que se hace a la Unión Europea", pero que viene avalada por la ley de 1986, que no se vio modificada en ese aspecto por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Desde la Comisión Europea, el portavoz consultado por Público asegura que la UE no tiene ninguna constancia de este tipo de prácticas, a pesar de ser algo extendido en buena parte de los organismos investigadores en España.El portavoz de la Comisión Europa afirma que se hacen "proyectos de auditoría" y que cada vez que se encuentran con "situaciones en las que los costes declarados (de cualquier tipo) no corresponden a los gastos efectivamente realizados y pagados", se hacen "los ajustes necesarios". Animando a denunciar de manera confidencial, advierte de que en casos de "comportamientos fraudulentos o ilegales trasladaríamos el asunto a las autoridades competentes, como la Oficina Europea Antifraude (OLAF) y/o las autoridades nacionales".El director del Instituto de Materiales se rinde a la evidencia y reconoce que "en los tres últimos años" sus sueldos "se han reducido cerca de un 30%" y el futuro que describe, y que resume en "un viraje hacia el modelo americano", es desesperanzador. "En el plazo de cuatro o cinco años veremos la transformación del científico, que ha de convertirse en un pequeño empresario y el que no lo haga, sencillamente, no sobrevivirá", asegura Soria. El experto está convencido de que, a pesar de que el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, afirma que "la investigación es una prioridad para el Gobierno", a medio plazo el Estado "tan sólo cubrirá los gastos de mantenimiento de las instalaciones, teniendo que ser autosuficientes en el resto". En este sentido, "si el investigador quiere desarrollar un proyecto, él mismo habrá de buscar financiación para pagarse su sueldo y cubrir todos los gastos derivados de ese proyecto". De lo contrario, no podrá trabajar. La situación actual que describe Soria ya resulta bastante precaria: "Tenemos muchos problemas de gestión, porque no tenemos personal administrativo y son los propios investigadores los que tienen que preparar todo el papeleo para presentar proyectos europeos, gestionar todas las facturas, hacer todos los números...". La solución que propone el Gobierno a este problema, indica el experto, "es que cuando presentemos proyectos europeos contemplemos una partida para personal administrativo y becarios que tenemos que contratar por nuestra cuenta". El responsable advierte de que "los investigadores que se muevan entre los 30 y los 40 años lo van a tener muy complicado" y afirma tajantemente que "ya no van a salir más plazas, más contratos". El camino hacia ese modelo americano ya se ha emprendido, puesto que si hasta hace un año el Gobierno se encargaba de todo los costes en los centros de investigación, "ahora sólo nos cubre el 60 o 70% de los gastos de funcionamiento y el resto tenemos que buscarlo nosotros con proyectos europeos o acuerdos con el sector privado". Soria lamenta que "este año vivimos un 30% peor que el año pasado, puesto que el recorte este año al CSIC fue del 30%" y, aunque De Guindos sostiene que los presupuestos para 2013 no han reducido la partida de I+D, el científico afirma que el año que viene ya les han dicho que tendrán que asumir "otro recorte del 10%". Unos tajos en el presupuesto que en centros como el Instituto de Materiales tienen graves consecuencias, puesto que, asegura, ya están "súper optimizados con un equipo gestor de 9 para más de 400 personas, sin secretarias" en un centro cuyos costes anuales rondan los 20 millones de euros. "Esto es un edificio inteligente de los años 90, con mucho cristal, que sólo en verano consume 50.000 euros al mes en aire acondicionado", explica Soria.Clara, con experiencia en la redacción de proyectos europeos tras su paso por el sector privado, avanza la situación de nuestro país en Bruselas: "España no tiene ningún peso en Europa a la hora de ganar proyectos de investigación". Unas palabras que Soria corrobora, afirmando que "la mayor parte de los proyectos se los llevan Francia y Alemania".La explicación para esta carencia reside, desde su punto de vista, en el hecho de que España no tiene un lobby en Bruselas que "presione para ganar esos proyectos, Francia y Alemania sí". "Así lo tenemos muy complicado", concluye. El científico reconoce que España gana algún proyecto y participa en otro buen número de ellos, "pero lidera muy pocos", a pesar de que a finales de año se le vaya a conceder "alguno muy potente". Un futuro pesimista, considerando que "durante mucho tiempo" España ha dependido de los proyectos nacionales, sin optar demasiado a los europeos, precisamente por la dificultad que representan. "Eso se acabó. Ya no habrá casi proyectos nacionales de investigación", señala. A ello se suma, además, el problema que Soria detecta en la industria española: "Con la salvedad de la Biomedicina, nuestra industria sufre un atraso de 20 años, mientras que nuestra investigación está al nivel mundial. Ese es el verdadero problema de por qué nuestras investigaciones terminan por tener poco impacto en la industria", concluye.