Continúan las movilizaciones en el entorno de la Renegà, en Orpesa (Castellón). Cuando ya se han superado las 21.000 firmas a través de la plataforma Change.org, el movimiento ciudadano Salvem la Renegà y el grupo ecologista GECEN dan un paso más en su demanda de paralización de las obras en el paraje Bellver. Los colectivos han presentado formalmente denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) contra la constructora Costa Bellver y la Fundación Azul Marino, ambas con el mismo domicilio social, por presuntos delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.

Como ya adelantó este medio, detrás de estos movimientos de tierras se encuentran varias actuaciones en un enclave litoral que limita con áreas protegidas y de gran valor medioambiental. Se proyecta, entre otras construcciones, un centro de interpretación marino (CIMED) que los ecologistas califican como un "zoológico para tortugas". El trasfondo aparentemente ecologista de la iniciativa, según advierten los denunciantes, es el pretexto que tendría la constructora para llevar a cabo un proyecto urbanístico mayor "disfrazado de restauración medioambiental" y con la proyección de residenciales y un hotel que resucitaría las ansias de hormigón en una zona ya castigada por la planificación de urbanizaciones.

La denuncia ante el Seprona abre ahora la posibilidad de investigar si las actividades que la sociedad Costa Bellver lleva a cabo en el entorno desde principios de mayo son contrarias a ley. En su escrito a la unidad de la Guardia Civil, los ecologistas indican que se han producido depósito de escombros a veinte metros de la orilla del mar, daño a matorrales, tala de pinos sin permiso para ello y la destrucción del sotobosque que afecta a especies de aves catalogadas de especial interés.

En las últimas horas, y ante el gran revuelo que están tomando los acontecimientos, los promotores se han reunido con los colectivos ecologistas con el propósito de explicar sus planes. Consultados para este artículo, Salvem la Renegà i GECEN exponen que la empresa ha reconocido que aún no cuenta con licencia de obras para el CIMED, sino con una simple declaración responsable. Para los grupos ecologistas, una declaración responsable en ningún caso puede amparar la envergadura de las obras llevadas a cabo durante los pasados días. Según la versión que los promotores han trasladado a los movimientos sociales, las obras del CIMED estarían ahora paradas y no continuarían hasta la emisión de la licencia por parte del Ayuntamiento.

Hacia una protección urgente

Con el desconfinamiento, han llegado las primeras bicifestaciones y pegada de carteles en los alrededores de la zona afectada. La actividad de colectivos vecinales y conservacionistas se redobla ahora con nuevas convocatorias. Durante el fin de semana tienen previsto concentrarse a diferentes horas en varios puntos del entorno y ya hay anunciada para el próximo lunes una manifestación por el término municipal de Orpesa que exigirá respuestas a las puertas del Ayuntamiento.

Su demanda pone bajo la lupa la afección directa a la zona LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y a los espacios de la Red Natura 2000, que albergan hábitats naturales protegidos por la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Salvem la Renegà denuncia que todos esos terrenos ya deberían haber sido clasificados como suelo no urbanizable de especial protección cuando la Comisión Europea aceptó la inclusión del LIC con el fin de evitar el deterioro de estos hábitats y las alteraciones a las especies, tal como marca la Ley autonómica de Espacios Naturales Protegidos.

La advertencia de los ecologistas ha coincidido casualmente con el anuncio de impulsar una nueva figura de protección (ZEC) y la reciente exposición al público de unas nuevas Normas de Gestión de la Red Natura 2000 por parte de la Conselleria de Transición Ecológica. Para Salvem la Renegà y GECEN, las instituciones están desempolvando ahora, al calor del conflicto, unas gestiones que ya deberían haberse hecho hace mucho tiempo. Y van más allá. En un escrito a Conselleria, estas entidades han trazado una propuesta formal que señala los espacios que deberían ser protegidos en el litoral de Orpesa mediante las figuras especiales que constan en el marco normativo. Y vuelven a apuntar la necesidad de una transición ecológica en el término municipal, donde actualmente se aplica un plan de ordenación urbana de 1982.

Mientras todo esto ocurre, el Ayuntamiento de Orpesa recuerda que las obras se están realizando en suelo exclusivamente urbano y señala que la Conselleria lanzó informe favorable. El consistorio que lidera la socialista María Jiménez añade, mediante nota de prensa, que los técnicos del municipio están estudiando la protección de la zona, con el fin de evitar impacto negativo.

Consultado también para esta pieza, el diputado provincial Pau Ferrando, de Compromís, insiste en la falta de transparencia del Ayuntamiento de Orpesa. Ferrando explica que el concejal en la localidad costera, Eric Traver, ya pidió los informes de todo el expediente y solo se le mostró una pequeña parte. El diputado aclara que, aunque las actuaciones son en suelo urbano, el Ayuntamiento no debería quedarse de brazos cruzados: "Puede impulsarse un pacto con los urbanizadores o bien comprar esos terrenos para protegerlos. Hasta que no se apruebe una nueva legislación pasará un tiempo y las obras ya han empezado".

Aves en peligro

Desde el punto de vista medioambiental, preocupa especialmente el impacto de las obras sobre las tres especies de aves incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, establecido en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, y en el Catálogo Español de Especies. Se trata de la Collalba Negra (Oenanthe leucura), la Cogujada Montesina (Galerida theklae) y la Curruca Rabilarga (Sylvia undata). Las dos últimas, subrayan los colectivos en defensa del territorio, se encuentran ahora mismo en periodo de cría y se están viendo especialmente afectadas por las intervenciones, ya que una nidifica en tierra con la protección de los arbustos y la segunda lo hace en zonas con densa vegetación.

Salvem la Renegà se acoge, además, a la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que prohíbe la realización de obras en los periodos de cría de especies protegidas. Según explican, la Conselleria de Emergencia Climática les habría confirmado que la empresa promotora simplemente tiene permiso para realizar tareas de poda y que en ningún caso se permitiría la tala de pinos (denuncian que ya se han talado dos ejemplares sanos) y el almacenaje de material.