Sabuesos digitales contra las descargas

La creación de una huella digital única para cada archivo permite comprobar casi en tiempo real si ese contenido se está replicando en internet. Varias empresas han diseñado sus propias soluciones para informar al titular de los derechos de autor del recorrido que sigue su obra una vez colgada en la red y que decida si emprender medidas legales contra esa difusión o la rentabilice incluyendo publicidad. "Una de las demandas principales que nos hacían los usuarios que registran sus obras con nosotros era saber dónde se estaban difundiendo", explica Mario Pena, responsable del servicio online gratuito de registro de obras Safe Creative. Esta empresa acaba de poner en marcha un acuerdo con Attributor, una compañía creada hace cinco años por un alto cargo de Yahoo especialista en derecho que emplea esas huellas dactilares para identificar quién, cómo y dónde ha copiado un texto.

Pena defiende que "lo importante para un creador es tener la información suficiente para tomar decisiones con posterioridad". Con ello se refiere a que esta tecnología de seguimiento no tiene sólo un afán de demandar a quien copie, en todo o en parte, la obra registrada. "Nosotros somos neutrales, cada autor emplea la información como quiere. A aquellos que utilizan licencias Creative Commons (menos restrictivas que el copyright) lo que les interesa sobre todo es que quien ha reproducido el archivo haya reflejado su autoría o comprobar si un texto está teniendo relevancia en otras páginas web", añade Pena.

Attributor compara la huella digital del archivo con 35.000 millones de webs

El servicio que Safe Creative ofrece a través de la aplicación de Attributor funciona sólo con textos e identifica hasta un máximo de dos copias en internet de forma gratuita. Cada obra registrada muestra dos direcciones web que han replicado el texto y en qué porcentaje, así como la opción de enviar un correo electrónico al contacto que se muestra en la web para solicitarle que retire o modifique esos contenidos. De los más de 330.000 contenidos registrados en Safe Creative, un 67% se corresponde a obras con copyright, un 30% tiene licencias libres (que permiten su difusión bajo una serie de restricciones) y el resto se corresponde con licencias personales, en las que cada creador ha decidido qué derechos ceder.

Attibutor funciona en 18 idiomas y realiza el rastreo de los contenidos mediante una huella digital única asignada a cada archivo. Esta huella es en realidad un algoritmo, que se compara constantemente con una base de datos de 35.000 millones de páginas web, identificando los resultados de las copias "casi en tiempo real". La compañía ofrece la información de quién y en qué porcentaje está reproduciendo esos contenidos al titular de los derechos de autor, funcionando, tal y como lo califica el blog PaidContent.org, "más como un perro guardián que como un perro de presa" para los creadores de contenido.

"Los creadores quieren saber dónde se difunden sus obras"

Una de las empresas que ha decidido traspasar el papel de perro guardián en España e ir en contra de los que difunden contenidos de otros sin su permiso (ya sea música, películas, fotografías o textos) es la Asesoría Jurídica de las Artes, que ha constituido una línea de negocio centrada en localizar dónde están alojadas las obras de sus clientes para eliminarlas de la red. Su sistema, llamado Red Points, está basado en dos principios: no atacar a los internautas y utilizar fórmulas no judiciales para eliminar "casi por completo, en un 98%" los enlaces de descarga directa de una obra. Lo cuenta a Público Josep Coll, abogado y creador de esta aplicación. Su empresa ha decidido actuar evitando las fórmulas judiciales ya que, según explica, esto demoraría el proceso y porque, como detalla el propio Coll, los jueces han especificado en varias sentencias que no es ilegal albergar enlaces de descargas.

Las casi 20 personas que trabajan en Red Points para eliminar los contenidos que les solicita un cliente peinan la red para localizar qué servidor aloja los archivos cuya difusión no ha sido autorizada por sus titulares. A continuación, proceden a eliminar ese contenido. El último paso consiste en elaborar un informe en el que se indica al cliente el número de copias que se han eliminado, de qué servidores, si existía ánimo de lucro o no, etc. Los clientes de Redpoints son, en gran medida, productoras y discográficas que no quieren que la película esté disponible en internet antes incluso de su estreno en cines.

Pero, ¿cómo pueden eliminarse los millones de enlaces de descarga a, por ejemplo, una película que se acaba de estrenar? "Lo que hacemos es cortar ese enlace. Hay unos 150 servidores que albergan los archivos en sí y hemos hablado con todos ellos", explica Coll. Una vez localizado en qué servidor se encuentra el contenido, la Asesoría solicita que lo elimine y este, según Coll, lo hace.

Red Points asegura que elimina en un 98% los enlaces de descarga directa

El sistema, calificado de "amistoso", está basado en que el requerimiento que la empresa envía al servidor incluye argumentos legales sobre por qué debe eliminarse esa película, disco o libro. De esa forma, los millones de enlaces de descarga que apuntaban a ese servidor quedan inservibles. "Hemos llegado a eliminar 800 sitios de descarga en un día", añade.

El funcionamiento intrínseco de internet, capaz de replicar los contenidos una y otra vez desde millones de fuentes distintas, y una obra digital cuya calidad no se degrada con las sucesivas copias, se lo ponen un poco más difícil a negocios como el de Red Points. Pese a que la aplicación avisa de si el contenido, una vez eliminado, se vuelve a subir, Coll reconoce que es necesario estar pendiente de que no comienza una nueva difusión masiva.

¿Es necesario entonces que una productora de cine mantenga y pague de por vida este servicio para evitar que una película circule por internet? El abogado explica que la eliminación de una película de estreno suele durar entre tres y cuatro meses y que el servicio suele terminar cuando una película deja de ser una novedad. "El día que un usuario busque las novedades de películas que se están estrenando, no las encuentre y tenga que ir al cine para verlas, se acabará la piratería", resume.

El vídeo más visto en YouTube no es siempre el que ha subido su autor

Otros propietarios de derechos optan, en cambio, por aprovechar ese contenido subido a la red sin autorización para obtener ingresos añadidos, aunque no sea mediante los canales de pago por visión tradicional. Esta es la filosofía que intentan transmitir servicios como YouTube, que cuenta con una tecnología propietaria para localizar los vídeos que los usuarios suben al sistema sin el permiso de sus titulares.

La herramienta Content ID, desarrollada en Suiza, ofrece a los propietarios de contenidos la localización automática de los vídeos incluidos en el sistema y su eliminación al instante. Pero también les ofrece la posibilidad de rentabilizarlos incluyendo publicidad en esas páginas. La Sexta y Antena 3 han elegido esta segunda opción.

"La mayoría prefiere rentabilizar en lugar de borrar", explican en YouTube

En YouTube, el vídeo más visto no es siempre el que el titular de derechos o sus autorizados han agregado al canal oficial. Si se añaden anuncios a esas fuentes alternativas, que están contribuyendo a la popularidad del contenido, el propietario de los derechos tiene más posibilidades de obtener ingresos.

Con 24 horas de vídeos subidas cada minuto a YouTube y 12.000 horas de visualización al mes en España según datos de la compañía, la inclusión de publicidad se plantea como una posibilidad atractiva para los creadores. "La mayoría de los productores prefiere rentabilizarlos en lugar de eliminarlos", explicó a Público el jefe de producto de YouTube en Europa, Matthew Wiseman.

El titular agrega al sistema los vídeos que quiere gestionar. La aplicación compara automáticamente los fotogramas de los vídeos que suben los usuarios a YouTube con la huella creada para cada archivo original, aunque se haya modificado la imagen o el sonido. Los resultados se envían al titular, que decide qué hacer. Wiseman especifica que estas herramientas permiten fines diferentes al del borrado. "También permiten conocer con antelación la aceptación que una nueva producción puede tener en un país o en un sector de la población", añade.