Un siglo esperando el instituto vulcanológico

El considerado por muchos como primer vulcanólogo español, Lucas Fernández-Navarro, dijo en 1911: "La creación de un observatorio en el Teide debiera ser considerada como una deuda de honor nacional. Tener una montaña de la altura y naturaleza del Pico de Tenerife y no aprovecharla para desde ella contribuir al adelanto de la meteorología, de la vulcanología y de la sismología es sencillamente un crimen de lesa ciencia y un sonrojo". Un siglo después, Canarias sigue esperando.

En noviembre de 2005, un año después de que una crisis volcano-sísmica sacudiera el Teide, el Senado aprobaba por unanimidad una moción para la creación del Instituto Volcanológico de Canarias (IVC). Sería una entidad autónoma participada por el Gobierno central, el autonómico y los cabildos insulares con mayor riesgo volcánico.

El Senado lo aprobó en 2005, el Congreso, en 2009 y el Gobierno, en 2010

Entre las misiones del instituto estaban las de crear mapas de peligrosidad volcánica, el diseño de un programa de vigilancia, colaboración con Protección Civil, elaborar planes educativos a la población y convertir Tenerife, que sería la sede principal, en un referente en la investigación volcanológica en el mundo.

"Cada poco me decían que esto sale yae_SSRq, pero nunca salía", recuerda el presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, que fuera el senador que presentó aquella primera moción. Hasta ocho interpelaciones realizó su grupo para saber cómo iban los planes para la creación del IVC.

Ya en 2008, Coalición Canaria presentó una proposición que, casi con idéntico contenido, instaba al Gobierno a lo mismo. Fue aprobada, otra vez por todos los grupos, un año después. Incluso pusieron fecha a su creación: en el primer semestre de 2010.

Los científicos canarios lamentan las presiones del lobby de Madrid

La fecha la había propuesto el propio Gobierno que, durante un Consejo de Ministros extraordinario celebrado en las islas, volvió a comprometerse con el instituto. Pero tampoco. Melchior, cumplido el plazo, no esperó más y creó en el verano de 2010 su Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan).

"Hoy por hoy, el Involcan es el IVC", defiende Nemesio Pérez, investigador del primero y presidente de la Sociedad Española de Volcanología. El Gobierno central apenas da 50.000 euros y los 30 investigadores son pagados por las instituciones de las que proceden. En el acuerdo aprobado en el Senado cinco años antes se decía que serían las administraciones central y autonómica las que correrían con la mayor parte del coste.

La moción también recogía un artículo que podría explicar dónde se atasca la creación del instituto. Su punto 3 decía que todas las administraciones deberían aportar al ICV "los recursos humanos y técnicos que actualmente destinan a dichas funciones". Desde que una orden ministerial reordenara el Ministerio de Fomento, las competencias en materia volcanológica fueron asignadas al Instituto Geográfico Nacional (IGN). En el comité científico que asesora al Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico en la Comunidad Autónoma de Canarias (Pevolca) también participan miembros del CSIC.

"¿Cómo es posible que un lobby científico pueda frenar la decisión unánime de todas las sedes de la soberanía popular en este país?", pregunta Pérez. "Y no lo digo yo, el diputado socialista por Tenerife José Segura ya denunció la presión de este grupo. Al IGN no le interesa perder el control", añade. De hecho, si se repasa la lista de científicos que en abril pasado firmó un manifiesto en favor del IVC, no aparece ninguno de los expertos desplazados desde Madrid hasta El Hierro.