El ministro de Industria, José Manuel Soria, celebró este sábado entre los aplausos de los asistentes al Congreso del PP en Sevilla que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya dado el “visto bueno” para que la central de Garoña “pueda seguir utilizándose cinco años más”. El informe del CSN, enviado al Ministerio el viernes, concluye que “no existe ningún impedimento” para modificar la orden de cierre en 2013 dictada por el Gobierno de Zapatero en 2009. Pero, pese al optimismo de Soria, los propietarios de Garoña, Endesa e Iberdrola,

todavía no han presentado una solicitud para seguir funcionando ni, evidentemente, el CSN la ha analizado. El organismo regulador aclaró el viernes que su dictamen sobre la orden de cierre no prefigura “en ningún caso el sentido o el contenido del informe que deberá realizarse sobre la licencia de la central”. El CSN todavía tiene que fijar las obras necesarias para que el reactor pueda seguir funcionando.

La intención de Soria ahora es pisar el acelerador para que el reactor burgalés, inaugurado por Franco en 1971, tenga el camino expedito para seguir produciendo y vendiendo electricidad hasta 2019. Serán seis años más, no cinco como aseguró este sábado el ministro.

“A partir de ahora el Ministerio lo que va a hacer es activar los informes internos para, en base a ese dictamen del CSN, poder prever que esa apertura sea hasta 2019”, explicó Soria a su llegada al Congreso del PP, según informa Europa Press. Garoña tiene una potencia instalada de 460 megavatios, aproximadamente la mitad que el resto de reactores españoles.

“No podemos permitirnos la infrautilización de ningún recurso energético en España”, clamó el ministro. Sin embargo, más que un asunto de necesidad, la prórroga de Garoña es un gesto. Su funcionamiento hasta 2019, cuando cumplirá 48 años, abre la puerta a la prórroga de todos los reactores nucleares españoles hasta que cumplan 50 años.

Fuentes del sector atómico explican que la renovación puede suponer problemas burocráticos. En España la ley obliga a conceder licencias de actividad por diez años a los reactores. Una prórroga de 2013 a 2019 podría requerir algunas modificaciones legales, que ahora Soria quiere agilizar.

En 2009, el CSN ya dio luz verde para que la central burgalesa siguiera funcionando hasta 2019, pero exigiendo mejoras a los propietarios. El policía del sector atómico español pidió entonces la instalación de un nuevo sistema de tratamiento de gases radiactivos en caso de accidente y la sustitución de kilómetros de cables del circuito eléctrico. Cuando el Gobierno de Zapatero decidió clausurar la central en 2013, estas mejoras, que requieren inversiones de millones de euros, se perdonaron. Ahora, Endesa e Iberdrola tendrán que acometerlas.

Las organizaciones ecologistas, muy críticas con la política del Gobierno de paralizar las ayudas a las energías renovables mientras se apuesta por la nuclear, cargaron este sábado contra la decisión del CSN. Para Ecologistas en Acción, el organismo –con dos consejeros elegidos a propuesta del PP, dos del PSOE y uno de CiU– “responde a los intereses” de Endesa e Iberdrola. A juicio de la ONG, “es una irresponsabilidad mantener abierta una central vieja, construida antes de las enseñanzas de los principales accidentes nucleares”, los de Chernóbil en la URSS y Three Mile Island en EEUU. No obstante, EEUU, espejo en el que se mira el CSN, ya ha prorrogado la vida de más de 20 reactores similares a Garoña.

En el PP hay pocas resistencias a la renovación de Garoña. Sólo el PP alavés ha levantado la voz. El alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha calificado la prórroga de “error”. El diputado general de Álava, Javier de Andrés, ha afirmado que “no tendría sentido”.