Este artículo se publicó hace 13 años.
El Supremo obliga a Aguirre a borrar una autovía
El Alto Tribunal declara nula la conversión de la carretera M-501 en autovía y ordena devolver casi 20 kilómetros de asfalto a su estado original
Una ONG ha ganado al Gobierno de Esperanza Aguirre una de las mayores batallas judiciales del movimiento ecologista en la última década. El Tribunal Supremo ratificó la nulidad del desdoblamiento de la M-501, una carretera que el Ejecutivo del PP convirtió en autovía pese a que atravesaba la zonas de pinares y encinares del oeste de la Comunidad de Madrid, con especies en peligro de extinción como el águila imperial, la cigüeña negra y el buitre negro.
Los magistrados, en una sentencia firme y no recurrible, consideran demostrada "la concurrencia de vicios procedimentales de carácter sustancial por la inexistencia de Declaración de Impacto Ambiental y la omisión del preceptivo trámite de consulta previa a la Comisión Europea", ya que el asfalto pisaba una espacio blindado por la legislación de la UE. El proyecto definitivo, con un presupuesto de 75 millones de euros, fue presentado en octubre de 2005 por la hoy secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, entonces consejera de Transporte en el Gobierno de Aguirre. La presidenta de la Comunidad de Madrid se preguntó entonces: "¿Qué son más importantes, las personas o los pajaritos?", ya que la llamada autovía de los pantanos surcaba una Zona de Especial Protección para las Aves.
"Es una tontería", dice el consejero de Transportes en la Cope
El Supremo ordena ahora la "restitución a su estado anterior de la zona afectada por el proyecto", lo que implicaría levantar casi 20 kilómetros de asfalto entre los pueblos de Quijorna y Navas del Rey. La organización Ecologistas en Acción, ganadora en los tribunales, anunció en rueda de prensa que "en los próximos días" solicitará la ejecución de la sentencia y que se devuelva la carretera a su estado original.
El Consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echeverría, aseguró en la cadena Cope que "los ecologistas y todo el mundo saben que [la restitución ordenada por el Supremo] es un tontería y algo de imposible cumplimiento. Tenemos que ponernos en contacto con los tribunales competentes para ver cómo se puede ejecutar la sentencia", añadió en la emisora de los obispos, tras negarse durante todo el día a hacer declaraciones a los medios de comunicación.
La portavoz ecologista María Ángeles Nieto recordó "los impresionantes intereses urbanísticos" detrás de la conversión en autovía de la carretera M-501. Izquierda Unida la bautizó en su momento como "la autopista hacia la especulación". Ecologistas en Acción lleva años denunciando la cronología de los hechos. Tras las segundas elecciones autonómicas de 2003, repetidas por la deserción de dos diputados socialistas en el escándalo conocido como tamayazo, Esperanza Aguirre viajó en marzo de 2004 a Ávila para reunirse con el presidente de la diputación, Sebastián González Vázquez, mano derecha del exministro Ángel Acebes. De allí salió con el compromiso de desdoblar la carretera.
"Interés urbanístico"En diciembre de 2004, Aguirre nombra a su nueva consejera de Transportes, María Dolores de Cospedal, persona de confianza de Acebes, ya que había sido durante dos años subsecretaria de Interior con él como ministro. Nieto denuncia la aparición entonces de importantes proyectos urbanísticos, "sobre todo en el lado de Ávila", al calor de la nueva autovía. En mayo de 2005, se presenta en el Salón Inmobiliario de Madrid un proyecto para construir 2.500 viviendas y un campo de golf de 18 hoyos en el pueblo de Cebreros (Ávila), que entonces contaba con unos 3.200 habitantes. El proyecto, Las Dehesillas de Cebreros, estaba impulsado por el Grupo Vemusa, que anunció una inversión de 370 millones de euros.
La carretera atraviesa una zona con águila imperial y cigüeña negra
Pese a las denuncias de las principales ONG, que vinculaban el desdoblamiento de la M-501 con recalificaciones de hectáreas de monte en suelo urbanizable, la Comunidad de Madrid justificó siempre la obra en los accidentes de tráfico. "Quieren disfrazar el interés urbanístico de siniestralidad", recordaba Concha Velasco, miembro del colectivo Sierra Oeste Desarrollo S.O.S.tenible, que denunció la M-501 porque consideraba que la Comunidad estaba "destruyendo" los bosques de su infancia. El ecologista Santiago Martín Barajas lamentó que "la sentencia del Supremo no pueda resucitar las 10.000 encinas centenarias que arrancaron para hacer el desdoblamiento".
Fuentes de la Consejería de Transportes insistían anoche en el argumento de la siniestralidad. "Desde el final de las obras de desdoblamiento (julio de 2008) se ha producido un único accidente mortal en dos años y medio y por causas ajenas a la carretera, ya que se trató de un conductor kamikaze. No constan ni siquiera choques leves", aseguran. Entre 1998 y 2007, cuando comenzaron las obras de desdoblamiento, entre tres y cuatro personas perdieron la vida cada año en el tramo objeto de juicio, entre los puntos kilométricos 22 y 40.
La sentencia del Supremo conocida confirma una anterior del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, de febrero de 2008. Pese al varapalo judicial, el Gobierno de Esperanza Aguirre recurrió el veredicto y siguió con las obras. En mayo de 2008, el Tribunal Superior de Justicia aceptó la petición de Ecologistas en Acción de paralizar los trabajos hasta que se pronunciara el Supremo, pero pidió a la ONG que para ello depositase una fianza de 500.000 euros. La organización no consiguió recaudar ese dinero antes de que la Comunidad finalizase las obras. "Trabajaban de noche, las 24 horas", recuerda Velasco.
Los alcaldes del suroeste de la Comunidad de Madrid, incluidos algunos socialistas, sí apoyaron el desdoblamiento de la M-501. El anterior presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, desestimó duplicar la carretera de los pantanos tras una declaración de impacto ambiental negativa de su Consejería de Medio Ambiente y un duro informe en contra del CSIC.
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