Tras aprobarse en 2007, el Gobierno ha tenido que recordar cada pocos meses a los usuarios que deben identificar sus líneas de teléfonos prepago. El objetivo es que exista un registro que identifique a los propietarios de todas las líneas de telefonía móvil y no solo aquellas de contrato, para evitar su uso delictivo.

Unos ocho millones de líneas de telefonía móvil podrían dejar de estar activas dentro de dos semanas, debido a que sus dueños no se han identificado en su operadora y no han facilitado sus datos personales, según informan fuentes del sector. El próximo 9 de noviembre quedarán desactivadas las líneas de prepago cuyos dueños no hayan aportado sus datos a las compañía.

Hasta el momento, las operadoras han recopilado la información de unos 12,5 millones de líneas, por lo que quedan alrededor de ocho millones que todavía no tienen propietario. Esto significa que en dos semanas podría desaparecer más de un tercio del parque de líneas de telefonía móvil de prepago en España. El 9 de noviembre de 2007 entró en vigor la Ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas, que fijaba un plazo de dos años para recabar dicha información.

El texto legal señala que "transcurrido el aludido plazo de dos años, los operadores estarán obligados a anular o a desactivar aquellas tarjetas de prepago respecto de las que no se haya podido cumplir con las obligaciones de inscripción". La explicación de motivos de esta ley señala que el avance de la tecnología en la telefonía móvil ha hecho que este tipo de comunicaciones estén "al alcance de cualquier persona en cualquier rincón del mundo" y que pueda ser utilizada con fines delictivos.

Así, "la naturaleza neutra de los avances tecnológicos" no impide que el uso de estas comunicaciones "no pueda derivarse hacia la consecución de fines indeseados, cuando no delictivos". Por esta razón, se decidió que los clientes de prepago deberían aportar los datos personales, igual que los usuarios de contrato, para poder ser utilizada en procesos legales.