"Como no pueden ir contra los usuarios, intentan criminalizar la tecnología". Es la conclusión a la que llega Javier de la Cueva, abogado de Pablo Soto. Promusicae, asociación que representa a la industria discográfica, ha interpuesto su demanda contra Soto y su compañía, Manolito P2P, por incitar a la violación de la propiedad intelectual con ánimo de lucro y por competencia desleal. 

El presidente de Promusicae, Antonio Guisasola, considera que Blubster, uno de los programas P2P objeto de la demanda, es el último de los programas de intercambio originarios y que ahora "es el momento de atacarlo". Guisasola reconoce que va a ser un proceso "complicado y denso", pero añade: "No se puede dejar esta actividad impune". Y sigue: "Es un programa creado para intercambiar música protegida. Le demandamos por parasitismo, porque él ha montado un negocio que incluye publicidad".

De la Cueva argumenta que Soto no es el responsable del uso que se haga de la tecnología que ha desarrollado y que las discográficas deberían preocuparse por desarrollar un mejor sistema protector para su música en lugar de demandar a Soto. Uno de los puntos argumentados es que el programa no realiza un filtrado adecuado de los contenidos que puede intercambiarse.

El proceso que se inicia con esta demanda es muy lento. Tras 20 días para presentar alegaciones habrá una audiencia previa después de verano y se señalará una fecha de juicio, que Javier de la Cueva estima en 2009. Una vez que dictada la sentencia, se puede apelar ante la Audiencia Provincial y después ante el Tribunal Supremo, un procedimiento que se puede llegar a demorar unos 10 años.

1. Canon, el gran triunfo
El canon a DVD y CD vírgenes es el mayor éxito que los creadores audiovisuales han tenido en su difícil relación con la tecnología. Desde el acuerdo entre la SGAE y Asimelec (la patronal tecnológica) en septiembre de 2003, el gravamen se ha extendido a otros soportes y se ha incorporado a la legislación.

2. La circular del fiscal
Durante varios años la industria audivisual confió en las demandas judiciales contra los sitios web que facilitaban el intercambio de archivos. Una circular del Fiscal General del 5 de mayo de 2006 recordó que sin ánimo de lucro no hay delito penal. Desde entonces, los jueces han archivado todos los casos que se les han presentado.

3. Proveedores de acceso, ¿próximo objetivo?
La última apuesta es obligar a los ISP a filtrar lo que circula por sus redes y bloquear a los que intercambian. La obligación, por autorregulación o la ley, se estudia en Bruselas y Washington. Las novedades pueden llegar este mismo verano.