El Senado quiere saber dónde va el dinero de la SGAE

Después de la campaña antipiratería presentada ayer por el ministerio de Cultura, el debate sobre el canon digital ha vuelto hoy al Senado con la aprobación de una moción, apoyada por todos los grupos parlamentarios menos el PSOE, que pide al Ministerio de Cultura que presente en el Parlamento un informe anual sobre las entidades de gestión y la distribución de lo que recaudan.

Así lo ha puesto de manifiesto el diputado Jordi Guillot, autor de la moción original, a la que se presentaron cuatro enmiendas, tres del Grupo Popular y una de CiU, y que finalmente fue modificada con una transacción de todos los grupos menos el PSOE, aprobada por 135 votos a favor y 103 en contra. Para Guillot, la sesión de hoy quiere transmitir el "mensaje de que existe un debate" sobre el canon digital; que "queremos el control parlamentario" de la recaudación del mismo y que "no hay otro interés que el general".

Y es que, la moción aprobada pide al Ministerio de Cultura que presente en el Parlamento el estudio que encargó en enero a la Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios, sobre el sistema de gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual.

Reclaman a Cultura un informe anual sobre las memorias de las entidades de gestión, sus balances y cuentas, y datos sobre cómo distribuye la recaudación

Además, reclama a Cultura un informe anual sobre las memorias de las entidades de gestión, sus balances y cuentas, además de datos sobre cómo distribuye la recaudación.

El Senado insta al Gobierno a iniciar el proceso de traspaso de las competencias para el control y fiscalidad de las entidades de gestión a las Comunidades Autónomas -en las que así lo establezca su estatuto-.

Otro de los puntos del texto pide al Ministerio que dirige César Antonio Molina crear un grupo de trabajo que evalúe la legislación de los derechos de autor "en equilibrio" con los nuevos retos de la sociedad de la información.

Guillot ha subrayado que el canon digital está cuestionado tras la reforma "al gusto de las sociedades de gestión" de la Ley de Propiedad Intelectual en 2006, porque es preciso proteger los derechos de los autores pero "no con tasas indiscriminadas e injustas", sobre las que hace falta un control público.